Decenas de familias de Sipí huyeron en medio de la violencia y otras permanecen confinadas, mientras las autoridades advierten sobre el riesgo creciente en las comunidades de la cuenca del San Juan.
El reporte indica que fueron arrastrados por una ola.
El Ministerio Público señaló que el funcionario estaría involucrado con inconsistencias en el contrato para la demolición de la Casa de la Cultura del municipio.
De acuerdo a las autoridades, al menos 70 personas rechazaron volver a su territorio ancestral y decidieron radicarse en la capital.
La guerrilla indicó que esta medida es una forma de “denunciar y visibilizar el genocidio étnico que se esconde en el departamento”.