En marzo de 2022 las víctimas le enviaron al tribunal accionado un informe social que da cuenta de su delicado estado de salud. Esto lo coadyuvó la Procuraduría y aun así no tuvo eco.
La decisión implica la creación legal de las competencias y funciones entre las autoridades locales y del distrito.
El estudiante, quien presentó una tutela contra el colegio Británico Internacional, había sido sancionado por una pelea.
El 3 de abril de 1992 el exmagistrado José Gregorio Hernández falló la primera acción constitucional de este tipo en el país.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado falló una tutela a su favor y ordenó el reintegro al cargo.

