La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Agropecuario, detectó hallazgos fiscales en la adquisición de la Hacienda Simba, La Laguna y Potosí, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Leer también: Las mujeres de los Montes de María de Sucre construyen un megacolegio
Los predios, situados en el municipio de San Antonio de Palmito y que le fueron entregados recientemente a organizaciones campesinas e indígenas de la etnia Zenú, estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con quien la ANT suscribió en abril del año 2024 una promesa de compraventa por valor de $27.304 millones, de los cuales desembolsaron el anticipo del 60% ($16.382 millones) desde hace más de 18 meses, sin que el bien haya sido escriturado ni transferido a nombre de la ANT.
Ante esto el ente de control advirtió que esta situación configura un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, “dado que la ANT no puede registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público, así mismo genera una imposibilidad de adjudicación a los beneficiarios de la Reforma Rural Integral contraviniendo la misionalidad de la entidad, en tanto no se ha perfeccionado la transferencia del dominio. En consecuencia, la entidad mantiene recursos ejecutados sin el suficiente respaldo jurídico ni contable, lo que compromete la transparencia, la legalidad y la fiabilidad del proceso de compra”, dijo la Contraloría a través de un comunicado de prensa.
Agrega que el procedimiento de compra no se ajustó al marco normativo aplicable, al omitirse etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social.
Importante: Capturan en Sincelejo a un ciudadano por el delito de tentativa de homicidio
Evidenciaron además un “cambio sustancial en la destinación del predio, ya que la compra fue concebida originalmente para beneficiar a comunidades campesinas, pero con posterioridad la ANT adelantó una entrega provisional de cerca del 60% del predio a comunidades indígenas, sin acto administrativo que justificara dicho cambio ni ajuste presupuestal que respaldara la modificación”.
La Contraloría le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la formulación inmediata de un Plan de Mejoramiento, orientado a corregir las deficiencias detectadas, fortalecer los mecanismos de control interno y asegurar que toda adquisición de tierras se realice conforme a los principios de planeación, legalidad, transparencia y eficiencia, evitando la pérdida de recursos públicos y preservando la confianza en la gestión de la Reforma Rural Integral.
