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Durante la audiencia de imputación de cargos contra Juana Yaneth Perea y a su hijo Yofran Orozco Perea, la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo informó que los móviles del crimen del licenciado, rector y gestor cultural de Sucre Armando Rivero Manjarrez, del que ellos eran excompañera sentimental e hijastro, respectivamente, fueron económicos.

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Yofran, el hijastro de 25 años, fue descubierto en su plan de quedarse con buena parte de los bienes que Armando había adquirido durante la relación con su mamá Juana, con quien estaba en planes de separación y que es además la coordinadora de un colegio en el municipio de Ovejas, de donde era oriundo el occiso y donde se conocieron.

No aceptaron cargos

Captura de video de audiencia.Los procesados Yofran Orozco Perea y su madre, Juana Perea, están detenidos en custodia de la Fiscalía en Sincelejo.

En razón a ello la Fiscalía le imputó a Yofran cargos por los delitos de desaparición forzada agravada en concurso con homicidio agravado, que este no aceptó; como tampoco lo hizo su mamá con el cargo imputado por desaparición forzada agravada, ambos en calidad de coautores y con dolo, es decir, tenían conocimiento pleno de lo que estaban haciendo.

Juana, al momento de decir que no aceptaba el cargo imputado, aprovechó para romper su silencio y decir en medio de un estado de alteración: “prefiero estar muerta que pagar por algo que no he hecho”.

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La Fiscalía, por intervención de la Procuraduría Judicial, que tiene agencia especial para este sonado caso, no pudo imputarle a Yofran el cargo de daño en bien ajeno, por la quema de la camioneta Duster de color gris plata que conducía el rector y que apareció quemada en zona rural del departamento de Córdoba, debido a que antes debía haber una conciliación, situación que fue avalada por la juez Cuarto Penal Municipal de Sincelejo con funciones de control de garantías.

¿Por qué los responsabilizan?

La Fiscalía logró vincular a la expareja y al hijastro de Armando Rivero Manjarrez en su crimen ocurrido el viernes 12 de julio gracias a los seguimientos que le hicieron a las llamadas realizadas y recibidas desde los celulares de ambos procesados.

Estas se movieron en unos circuitos, antenas y llegaron a unas celdas que analizaron personas expertas, lo que se conoce como geolocalización, y ello le permite al representante del ente investigador-acusador inferir la autoría en el hecho que fue catalogado por el fiscal como “deplorable”.

A propósito de esto último, reveló que le fue solicitada a Medicina Legal una ampliación del informe de necropsia y con base en los resultados refirió que “la muerte de Armando Rivero Manjarrez fue traumática, sufrió mucho, fue con sevicia, con sed de violencia”.

El cadáver, ya esqueletizado y encontrado el 17 de julio debajo de un puente en el corregimiento San Luis, en Sampués, presentaba un impacto de bala en la cabeza y otro en uno de los antebrazos, lo que le causó una fractura.

Además, el cuerpo presentaba heridas y lesiones que suelen ser causadas en medio de una defensa, es decir, el rector y gestor cultural batalló contra quien o quienes lo asesinaron, y de quienes aún no se sabe quién o quiénes son.

El crimen de Armando Rivero Manjarrez ocurrió el mismo viernes 12 de julio y obedeció a un plan que Yofran tenía planeado y del que narró varias versiones a las autoridades, por lo que la mentira fue otro de los factores que lo delató.

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Dijo que Armando estaba en la camioneta y lo dejó ese día en la casa a él porque “recibió un mensaje que lo descompuso y salió a arreglar esa situación”, pero eso no fue cierto.

Yofran, según la Fiscalía, se fue detrás del rector en una moto hasta lograr su plan macabro y saber dónde estaba el cadáver y no decirle a las autoridades.

“Yofran mintió al decir que estaba en su casa en Villa Natalia (Sincelejo) cuando en realidad estaba donde apareció el cuerpo. Rayó en el cinísmo”.

Además Juana, su mamá y excompañera sentimental de Armando, también sabía dónde estaba el cadáver puesto que el “domingo 14 de julio cuando ella dijo que recibió una llamada de una mujer que le dijo que buscara el cadáver por allá por Sampués, en un arroyo, y que eso le había pasado por sapo. Ese número 311xxxxxx se movió en paralelo con el celular de Juana 304xxxxxx, la trazabilidad de las líneas se movía con Juana. Ese número 311xxxxx solo fue utilizado ese día y para ese fin. No solo llamaron a Juana, sino también a un familiar de Armando”, relató la Fiscalía esta tarde de jueves 3 de octubre durante la audiencia de imputación.

Para el ente investigador tanto Juana como su hijo Yofra sabían dónde estaba el cadáver y se lo ocultaron a las autoridades.

Interceptaciones

Adicional a los seguimientos de las llamadas, la Fiscalía también interceptó las comunicaciones de Yofran y en ellas conoció que este se refería de manera detallada con otras personas, no reveladas, sobre cómo serían distribuidos los bienes sin aún haber aparecido el cadáver del rector Armando Rivero.

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Decía Yofran que la familia de Armando se quedara con la finca y sacaba cuentas de los valores que le corresponderían a su mamá por el seguro que tenía el rector y por la jubilación.

“Había un interés de acabar con la vida del rector para quedarse con los bienes”, refirió la Fiscalía.