La real solvencia económica del exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, que se ha declarado en quiebra y por ello pretende reparar a sus víctimas, entre otras, con un cultivo de 10 hectáreas de ajonjolí, pronto será develada.
A través de la Resolución No. 1507 de 2024 la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó a este, que es un agente del Estado no integrante de la fuerza pública sometido a ellos, que en el término de 10 días, contados a partir de la notificación, presente un informe sobre el estado de sus bienes y su situación patrimonial.
Deja en claro la JEP que en la actualidad está en estudio el ajuste a la propuesta restaurativa que Arana Sus les presentó y que será analizada en profundidad con el nuevo requerimiento. Además de que este solicitó un encuentro con las víctimas para poder concertar el inicio de dicha reparación.
Adicionalmente, la JEP le solicitó al abogado Sebastián Felipe Escobar Uribe, representante de las víctimas del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, que informe sobre el interés respecto del predio Tierra Santa (hoy denominado 'Condominio Marsella Real'), así como de los datos de ubicación y de identificación con los que cuente, debido a que existen indicios de que esta sea de propiedad de Arana Sus, pero esté a nombre de terceros, es decir, en cuerpo ajeno, como muchos otros bienes.
Esta nueva decisión de la JEP se produce luego de que otra de las víctimas de Salvador Arana Sus, como lo es la hija mayor de la asesinada fiscal especializada Yolanda Paternina Negrete denunciara públicamente los bienes que del exgobernador y de su esposa Samia Isaac Tatis aparecen reportados en una demanda de divorcio y que dieron pie para que esta víctima le solicitara a la JEP el 17 de enero del año en curso que lo expulsaran de dicha jurisdicción por haber mentido.
