Cuatro de los cinco procesados por delitos contra la administración púbica por no haber construido el puente La Solera, en el municipio de Caimito, fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva en su residencia.
La decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Caimito, que es contraria a la solicitada por la Fiscalía que pidió enviarlos a la cárcel, cobija al exsecretario de planeación Kevin Ricardo Caly; al contratista del Consorcio Puente San Jorge 2019, Wálter Sánchez Urzola; al interventor Víctor López Galván y al representante del Consorcio Intec de la Costa SAS, Hugo Canaval.
Entre tanto, al representante legal del Consorcio Puente San Jorge 2019, Carlos Sánchez Contreras le otorgaron libertad, pero con unas restricciones.
Los procesan por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
