Una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le solicitó al Juez Promiscuo Municipal de Galeras, con funciones de control de garantías que envíe al alcalde de esa población José Ignacio Hernández Vega, a la cárcel.
Igual pedido hizo para el contratista Arturo Carlos Guzmán Hoyos, representante legal de la fundación Funpader, al tiempo que pidió la prisión domiciliaria para la secretaria de gobierno Dianilis Anaya Armesto.
A los tres los procesan por los delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, pero en el caso del contratista y la secretaria de gobierno tienen uno más y es el de falsedad ideológica en documento público.
