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Catorce de los 17 concejales de la ciudad de Sincelejo que eligieron a la inhabilitada Vivian Montaño como contralora municipal salieron airosos del proceso que les adelantaba el Tribunal Administrativo de Sucre, pues los magistrados no accedieron a las pretensiones de los demandantes y por eso estos mantienen, de momento, sus investiduras.

La decisión que se conoció ayer está contenida en un documento de 57 páginas y beneficia a los concejales Derly Chamorro Salcedo, Daniela Vergara Guzmán, Álvaro Díaz Bohórquez, José Macea Gómez, Daniel Merlano Porras, Omar Quessep Sierra, Javier Ortiz Villa, Jesús Castilla Cuello, Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, Diego Mercado Sanabria, José David González Villamizar, Ramiro González Zabala y Manuel Barrios Pérez.

La Sala Plena del Tribunal le negó a los demandantes Sergio y Elkin Monterroza, las pretensiones basadas en que los concejales habrían incurrido en pérdida de investidura por haber asistido, debatido y votado en la sesión de elección de la contralora que para ese momento estaba inhabilitada. Además debían cancelarle las credenciales.

Pese a ello el Tribunal consideró que 'en este escenario, sólo el régimen de inhabilidades de dichos servidores públicos es el que opera con fines de pérdida de la investidura de ellos, como igualmente el régimen de inhabilidades de los ediles, de los diputados y de los congresistas es el que cuenta para configurar la causal de pérdida de investidura de unos y otros por violación de ese régimen. Luego la tesis de los demandantes no guarda correspondencia alguna con la norma que consagra tal causal de pérdida de la investidura, toda vez que salta a la vista que se refiere al régimen de inhabilidades de los concejales, en tratándose de éstos, y no de la contralora'.

Así mismo consideraron que la participación en la elección de un contralor incurso en inhabilidad, no constituye desde la óptica de la tipicidad, causal de pérdida de investidura de los concejales que participan en su elección.

A los concejales les queda pendiente el proceso penal en la Fiscalía y el disciplinario en la Procuraduría Regional de Sucre por los mismos hechos.