En atención a los reparos que los familiares del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado le hicieron a la propuesta de régimen de condicionalidad presentada por el exgobernador de Salvador Arana Sus, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a través de la Resolución N° 708 del 22 de febrero de 2021 modificar su plan de reparación porque no cumple con las expectativas de estos ni con las de los magistrados.
Para el ajuste de ese plan de reparación que debe, necesariamente contener verdades, Arana Sus cuenta con 10 días contados a partir de la notificación, además lo deberá sustentar en audiencias.
Las víctimas aceptadas en este proceso, es decir, Marta Salgado y Juan David Díaz, esposa e hijo del asesinado alcalde, al conocer el contenido del plan de reparación y verdad de Salvador Arana Sus hicieron observaciones en el sentido de que el aporte de este compareciente 'debe ser superior a lo establecido en la justicia ordinaria, pues el propuesto no es claro ni concreto, si se tiene en cuenta que no se precisaron cuáles son los hechos a exponer, quienes serían los presuntos autores o partícipes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron'.
Arana Sus se ha comprometido a contribuir a la verdad plena, temprana, exhaustiva y detallada y para ello entregó a la JEP una 'matriz de verdad' que está encriptada y que tiene una clave de acceso. En esta relaciona a personas de los sectores de la salud, la educación, la política y la Fuerza Pública que entre 1990 y 2000 tuvieron que ver con el conflicto armado.
Propone la realización de 30 sesiones de entrevistas en 10 días con estas personas para la reconstrucción del relato y aporte a la verdad.
Las víctimas aportaron 22 nombres de políticos, ganaderos, comerciantes miembros de la sociedad civil, exfiscales, exprocuradores y un exgobernador de Sucre para que Arana se refiera a ellos en su plan y este ha dicho que de esos 22 hablará de 15 que ya los tiene incluidos en su matriz, pero de otros 6 no tiene información y de uno, que es familia suya, no lo hará.
Otra de las observaciones a la propuesta de Arana tiene que ver con el plan de reparación y sobre este la JEP le ha pedido que se refiera con claridad al tema de dónde saldrá el dinero para ello.
'No podría pensarse, de ninguna manera, que el compareciente puede contar con los recursos de la administración pública para ejecutar sus proyectos de reparación. Debe recordarse que la carga de reparar es individual y personal, de manera que esta no puede transferirse al Estado en proporción alguna', dicen los magistrados de la JEP en la Resolución de 26 folios a la que EL HERALDO tuvo acceso.
