Un escándalo más sobre los presuntos malos manejos que le dieron en la administración de Mayda Balseiro a los recursos del Estado fue detectado por el actual gobierno y denunciado ante la Fiscalía.
Se trata de un contrato para la prestación del transporte escolar para beneficiar a estudiantes de la zona urbana de San Onofre por 923 millones 228 mil 150 pesos que se habría celebrado el 11 de junio de 2019 con la firma Transporte Ruedas Vamos Colombia, cuyo representante legal es María Isabel Gutiérrez Barcarcel, pero que analizando la poca documentación que reposa en el municipio lograron detectar unas irregularidades.
'Ni se firmó, ni se legalizó, ni se ejecutó y tampoco se publicó en la página del Secop, pero sí desde las cuentas del banco BBVA le giraron un sinnúmero de cheques a la contratista por valor de 2. 299 millones 590 mil 019 pesos. Es decir que se triplicó el valor real del contrato para poder hurtarse los recursos', dijo el abogado Leonardo Oliveros Mancilla, en representación del Municipio.
Agrega el profesional del derecho que lo que pasa con los dineros de este Municipio es una caja de sorpresa y con este hallazgo cierran este año en el que han encontrado muchas irregularidades que han denunciado ante los organismos competentes, pero de los que aún no existe ningún resultado.
'Yo no sé qué es lo que hace el señor director de la Fiscalía', se pregunta el abogado Mancilla, al tiempo que anota que 'desde el 11 de noviembre de este año que radicamos el derecho de petición para que nos responda qué ha pasado con la investigación de más de 40 casos de corrupción en la Alcaldía de San Onofre y no hemos obtenido una respuesta'.
Estos hallazgos han sido detectados de forma tardía, es decir, después de un año largo de haber ocurrido el presunto desfalco, porque en esa población fue incinerada la dependencia de la tesorería a finales de 2019, lo que no permitió un buen empalme con la nueva administración que es contraria políticamente a la anterior.
Esta nueva denuncia cobija a la exalcaldesa Maida Balseiro López, a la contratista María Isabel Gutiérrez, al interventor que era el entonces secretario de Educación Julio César Berrío Teherán y al tesorero de la época, David Gómezcásseres.
El alcalde interino Eloy Berrío Julio reiteró el llamado a la Fiscalía y a entidades de control para que tomen cartas en el asunto.
