La agente interventora del Hospital Universitario de Sincelejo (HUS) Inés Loaiza Guerra, cuestionada por el salario que devenga y por no atender los reclamos de los empleados, en especial los de cooperativas, fue denunciada ante la Procuraduría General de la Nación.
Le reprochan, en esta oportunidad, el haber contratado unos servicios con un ciudadano que está inhabilitado, por lo que el diputado sucreño por el Centro Democrático, Luis Alfonso Álvarez Padilla, quien la denunció, pide que sea separada del cargo mientras la investigación surte el trámite dado que ella no da garantías.
'No podemos permitir que la cura agrave la enfermedad, por eso en mi calidad de diputado del Departamento denunciaré cualquier irregularidad que ponga en peligro la oportunidad que tenemos de salvar el Hospital Universitario de Sincelejo', aseguró el diputado en la sesión de la Asamblea de este miércoles.
En la denuncia Álvarez Padilla relata que Loaiza Guerra el 29 de julio en nombre del HUS celebró el contrato N° 0335-2020 de adquisición de equipos biomédicos para garantizar la operatividad en la atención del área Covid-19 con el Grupo Cresort S.A.S, que representa legalmente Brainer Samir Crespo Martínez, quien en ese momento tenía una inhabilidad para contratar con el Estado.
El contrato por 21 millones 216 mil 216 pesos tuvo una duración de 5 días y a la fecha está debidamente ejecutado.
'… realizada la consulta de antecedentes disciplinarios en la página de la Procuraduría se denota la existencia de inhabilidad general para contratar con el Estado (ley 80 art 8 literal D) en contra del señor Brainer Samir Crespo Martínez, situación que pone de plano la existencia de una anomalía grave en el trámite y ejecución del contrato N° 0335-2020. Los hechos numerados constituyen la existencia de una falta disciplinaria e incluso penal de alta relevancia ya que el mismo artículo de la precitada Ley en su artículo 8º, establece: Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes'.
Advierte además el denunciante que la agente interventora del HUS con esta actuación incumplió los requisitos exigidos por la ley al no verificar que este contratista cumpliera con todos los requisitos legales, en especial que no se encontrara inmerso en causal de inhabilidades e incompatibilidades.
'Llama poderosamente la atención para el suscrito cómo el tema de la causal de inhabilidad no fue advertida por la entidad contratante cuando es de público conocimiento que este certificado de antecedentes es de aquellos requisitos indispensables que se le exige a todas las personas que aspiran celebrar contratos con el Estado, aunado a ello se tiene y en aras de discusión, que en el eventual caso que el contratista no haya aportado este certificado al momento de presentar la documentación, bien pudo la entidad acceder a esta información a través de la plataforma de los entes de control'.
Aduce el denunciante que la ausencia hace 4 meses de un jefe jurídico en el HUS pudo haber incidido en esta falta grave que sería reiterativa dado que en la actualidad está en ejecución otro contrato con esa misma entidad 'lo que pone de manifiesto el actuar doloso no solo de la entidad contratante sino del contratista quien conociendo su inhabilidad accede a celebrar con entidades estatales'.
Finalmente el diputado cataloga el actuar de la agente interventora como irresponsable y desmedido.
EL HERALDO quiso conocerla versión de la agente interventora del HUS designada por la Superintendencia Nacional de Salud, pero no respondió las seis llamadas que se le hicieron.
