La celebración de la Semana Andina para la prevención de los embarazos en adolescentes coincide en el departamento de Sucre con la existencia, en el primer semestre del año, de más de 1.000 partos en esta población.
Ellos representan, según la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Verena Revollo, el 16% de todos los partos que hubo entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2020.
La funcionaria indica que la Semana Andina es un espacio muy importante para afianzar las campañas de prevención hacia este problema que en su mayoría está ligado también a violaciones sexuales que se han aumentado en medio del confinamiento, aunque no entregó cifras.
A corte del 30 de junio el departamento de Sucre registró, según reporte del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) 1.016 partos en adolescentes de los cuales 59 corresponden a niñas entre los 12 y 14 años.
La Semana Andina para la prevención de embarazos en adolescentes se inició en Los Palmitos con la entrega de kits básicos para bebés recién nacidos y mujeres embarazadas, y mañana lanzan la campaña Salud y Autonomía Reproductiva que propende por acompañar psicológicamente a estas madres para que no se llenen de más hijos sino que puedan salir adelante y hasta regresar a la formación educativa de la que han desertado.
Las campañas enmarcadas en la Semana Andina han llegado a los municipios donde se registran más casos como son Sincelejo, Los Palmitos, San Onofre y Buenavista.
El Ministerio de Salud considera que el embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos que afectan la salud sexual, la salud reproductiva y el bienestar de las mujeres jóvenes, sus familias y comunidades, así como al desarrollo de un país, dados los múltiples efectos en los campos de la salud física, psicosocial y en los campos políticos, económicos y sociales que interfieren no solo en la calidad de vida y salud de los y las adolescentes y sus familias, sino también al colectivo en general.
La clave de la prevención del embarazo está en garantizar que adolescentes y jóvenes tengan participación real, no sólo en cuanto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, sino también dentro de la sociedad y la economía del país.
