La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa absolvió al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, y a los otros tres funcionarios de su administración de los cargos que le imputó con ocasión a las presuntas irregularidades presentadas en la contratación de los mercados entregados al inicio de la pandemia por la COVID-19.
La decisión, que cobija además a la jefe jurídica Katiuska Fernández, a la de contratación Andrea Gutiérrez y al de desarrollo Leonardo Beltrán, se produjo a las 11:45 de la mañana de este martes en audiencia pública virtual y quedó en firme porque el denunciante John Turizo no concurrió a la diligencia y por ende no fue apelada por ninguna de las partes.
Esa procuraduría delegada absolvió al mandatario de los sincelejanos y a sus funcionarios al establecer que no hubo faltas disciplinarias porque los precios de los mercados fueron ajustados a los del Dane y por ende no hubo sobrecostos, por lo que además se mostró de acuerdo con el archivo del proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría.
El Ministerio Público anotó que los hechos atribuidos inicialmente no existieron; y sobre los presuntos nexos entre quienes manejan el PAE en Sincelejo y las firmas contratistas de los mercados Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S. y Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S --hecho que también denunció Turizo-- la Procuraduría dijo que logró establecer que no existe tal conexión.
Así las cosas, el alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez logró salir airoso de los procesos que por estos hechos le seguían en Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, y ello lo alcanzó al momento de liquidar los contratos con los valores que estableció el Dane, pues desaparecieron los sobrecostos de los contratos.
En su momento la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa le reprochó a los funcionarios el no haber realizado la labor que a cada uno le competía en el trámite precontractual y contractual de los negocios jurídicos suscritos por la alcaldía con las dos firmas contratistas, mientras que del alcalde dijo que habría incurrido en falta disciplinaria gravísima y culpa gravísima en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa.
