En una lista de 22 departamentos, Sucre es considerado como el departamento de mayor impunidad en el país.
La deshonrosa designación, la última de los 32 departamentos, la dieron a conocer ayer la Fundación Paz y Reconciliación, la Universidad las Américas de Puebla y la Defensoría del Pueblo basados en un estudio conjunto.
De Sucre establecieron que en 2018 hubo 17.038 delitos, de los cuales 12.812 (75.2%) se reportan en indagación y solo 1.621 (9.5%) están activos y avanzando de manera efectiva. 148 casos llegaron a la etapa de investigación divididos en 103 activos y 45 inactivos. Además, 464 delitos están en etapa de ejecución de penas y hay 1.195 detenidos en las cárceles del departamento.
Tolima es el departamento con menos impunidad, con una tasa del 36,40%.
El estudio revela además que en sociedades que sufren violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos, como ocurre actualmente en Colombia y México, las historias de impunidad son el pan diario. Aunque es innegable la responsabilidad de las instituciones estatales en la perpetuación del fenómeno, también es cierto que, dada la magnitud y frecuencia de los delitos, así como la configuración actual de los sistemas penales de justicia ordinaria parecen estar fracasando en la reducción de los niveles de impunidad, no solo en el castigo de los responsables, sino también en el esclarecimiento de los crímenes.
La generalización de la impunidad en Colombia y las similitudes con el caso mexicano, llevaron a Paz y Reconciliación y a la Universidad de Puebla a implementar el Índice Global de Impunidad para Colombia (IGI-COL 2019), cuyo objetivo es evaluar estadísticamente el fenómeno de la impunidad a nivel subnacional desde una perspectiva integral, no solo como medición del castigo de los delitos, sino como una cadena de eventos que comienza al momento de la comisión de un delito y termina en la reparación de la víctima, pasando por un proceso de denuncia, esclarecimiento de los hechos y enjuiciamiento de los responsables.
El proceso de construcción del índice fue, en sí mismo, una evaluación del fenómeno de la impunidad en Colombia. La primera conclusión a la que llegaron es que en el país aún prevalece la impunidad estadística.
En el caso de los datos sobre posibles delitos no denunciados, más conocidos como 'cifra negra', la situación del país resulta alarmante. A 2019, la 'cifra negra' está disponible solo para 28 ciudades de Colombia y no es representativa a nivel departamental ni a nivel nacional, lo que no permite conocer ni evaluar la magnitud del fenómeno en el país.
También el informe revela que la alta inequidad en la distribución de capacidades y personal para impartir justicia y llevar a cabo investigaciones entre los diferentes departamentos. Así, se determinó que a mayor acceso a la justicia, menor impunidad.
