Compartir:

El mismo día que el Tribunal Administrativo de Sucre aceptaba una demanda contra la Gobernación de Sucre, el gobernador y otros funcionarios para que anule el contrato de la vía Las Tablitas, el mandatario adjudicaba a ese demandante el contrato de la vía Berrugas-San Onofre-El Rincón del Mar.

La demanda fue admitida el 24 de septiembre por el magistrado ponente Rufo Carvajal Argoty y la pretensión es que el órgano judicial, anule el contrato y de paso le pague los 7 mil millones de pesos que le quedarían de ganancias por ejecutarlo.

El plazo. Los demandados deberán contestar en 30 días para proponer excepciones y solicitar pruebas que podrán ser impugnadas o reforzadas por terceros intervinientes.

Mientras eso decidía el magistrado, en el salón Corcovao de la Gobernación de Sucre, el gobernador Édgar Martínez Romero y su equipo de asesores en contratación, abogados de despacho y empleados de la Secretaría de Infraestructura, que son los demandados en el caso de Las Tablitas, daban su sí, en medio de insultos y anuncios de demandas por parte de otros proponentes al Consorcio Vías y Equipos San Onofre 2020.

El consorcio. Este consorcio lo integran las empresas Ingeniería de Vías S. A. y Equipos y Triturados, ambas de propiedad de Pedro Contecha, quien para licitar en el contrato de 150 mil millones de pesos de la vía Las Tablitas, se presentó como consorcio Vías y Equipos San Marcos 2019, y es el que demanda porque considera que, aunque era el habilitado que debía ser escogido, no ocurrió así.

Los representantes de las firmas proponentes 6 y 7 para la vía Berrugas-San Onofre-El Rincón anunciaron que demandarán la adjudicación de este porque consideran que no cumplen en cuatro requisitos, uno de ellos, no tener 90 días, sino 75 para la póliza de garantía de seriedad y en que el Gobierno de Sucre aplicó un criterio con el que, en el caso de Las Tablitas, deshabilitó a la firma a la que ahora le adjudicó el de Berrugas.

La suerte jurídica de la Gobernación, del gobernador y del resto de sus funcionarios demandados por este último aspecto está en manos del Tribunal Administrativo de Sucre.