La construcción del Centro de Atención Especial (CAE) para el menor y adolescente infractor en Sucre ha generado una polémica entre los gobiernos de Sucre y Sampués, el Icbf, la Procuraduría y la comunidad sampuesana, además de sus concejales.
Sobre esta necesidad —de la que las autoridades hablan desde hace unos 20 años— creyeron haberla resuelto con la postulación de un predio de 12 hectáreas en el municipio de Sampués, contiguo a una sede educativa en el barrio Oasis, pero no fue así.
Aunque ya están los diseños del CAE en ese predio y los dineros para construirlo aportados por el Icbf, la comunidad se opone a ello al considerar que 'no puede haber una cárcel cerca de un colegio'.
Adicional a esto la Alcaldía de Sampués y los concejales de esta población, amparados en tres conceptos del Ministerio de Educación, dicen que el CAE no puede construirse allí porque no es un ente educativo, que fue el motivo de la donación del predio.
La polémica lleva más de tres meses y las autoridades se volvieron a reunir en la Gobernación de Sucre, pero a puerta cerrada y con presencia de concejales y habitantes de Sampués, y quedó claro una vez más que en Sampués no quieren el CAE.
El gobernador Edgar Martínez Romero dijo que el proyecto no se adelantará hasta tanto no se realice la socialización del mismo en Sampués porque la comunidad no conoce a fondo la parte técnica del mismo.
Zaida Vergara, concejal de Sampués, rechazó que el proyecto pretenda ser socializado después de que ya fue firmado el contrato.
'Nosotros como concejales nos debemos a la comunidad y ellos de forma reiterada han dicho que no están de acuerdo y nosotros los acompañamos', dijo.
La procuradora Regional de Sucre, Lesvia Montalvo Díaz, señaló que el Comité de Responsabilidad Penal para Adolescentes debe socializar el proyecto porque hay una desinformación sobre el mismo y con base en ella fue que recolectaron unas firmas que no son válidas porque fueron aportadas con información que no corresponde a la realidad.
'Se debe sensibilizar a la comunidad para que esta a su vez permita conocer el proyecto y en especial qué se hace y cuáles son los fines del CAE que pretende cambiar las actitudes y el actuar de los jóvenes infractores de la ley penal', anota Montalvo Díaz, haciendo énfasis en que si después de la socialización la comunidad insiste en su posición esto debe ser respetado.
Actualmente, los menores y adolescentes infractores de la ley penal en Sucre son llevados para otras ciudades.
