Cuando los sucreños aún no se reponen del millonario desfalco que le causó al Departamento la administración de Julio César Guerra Tulena con el ‘cartel de los enfermos mentales’, la misma Contraloría General de la República detecta en esta administración de Édgar Martínez Romero lo que podría denominarse el presunto ‘cartel del asma’.
Según un informe final de auditoría adelantado por el ente de control fiscal en Sucre y que dio pie para que el pasado 7 de diciembre le hicieran los traslados penales a la Fiscalía y los disciplinarios a la Procuraduría, en el año 2016 la Administración Departamental contrató con diversas ESEs la prestación de unos servicios bajo la modalidad de eventos, es decir, por los casos que se presentaran, pero faltando 5 días para vencerse dicho contrato cambió la modalidad y le fijó un monto que superó los $1.500 millones.
El aludido contrato tenía por objeto la 'Prestación de servicio de salud para garantizar la atención en salud en la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda en las actividades, los procedimientos e intervenciones de baja complejidad, a residentes en el área de influencia de la ESE'.
En ese contrato, dice la Contraloría en su informe, y al que este medio tuvo acceso, que 'en el total de ellos se suscribió un otro sí, mediante el cual se modificó la modalidad de pago pactada inicialmente denominada ‘compra de servicios de salud mediante la modalidad de eventos’ cambiándola a la modalidad de ‘pago por capitación’ faltando 5 días para el plazo final del contrato y encontrándose éstos con una ejecución aproximada del 98%.
Con esta actuación, dijo la Contraloría, fueron desconocidos los principios de eficacia y economía que son rectores de la función administrativa, además de los de responsabilidad y economía y de planeación.
'Se generó una gestión antieconómica e ineficiente representada en una mayor inversión de recursos a la requerida para atender la necesidad que la administración departamental pretendía satisfacer con la contratación'.
Esa contratación fue con las ESEs de Betulia, San Antonio de Palmito, Caimito, Buenavista, Corozal, San Onofre, El Roble y Sucre-Sucre.
El Gobierno se defiende. En sus descargos la Administración Departamental dijo que la Secretaría de Salud había escogido el pago por eventos, pero la cambió por requerimiento expreso de la Ley 1438 de 2001 que en su artículo 52 numeral 52.1 dice textualmente: 'solo se podrá contratar la prestación de servicios por el mecanismo de pago por capitación para los servicios de baja complejidad'.
Además aseguró el Departamento que con esta modalidad de cambio en el pago no se generó ningún detrimento patrimonial; pero la Contraloría insistió en que ese argumento de la Secretaría de Salud de Sucre lo que 'buscaba era justificar la improvisada, inoportuna e ineficaz modificación realizada a la modalidad de pago pactada inicialmente en los contratos', por lo que el ente de control valida esa observación como un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.
