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La grabación de audio-video en la que la fiscal de Infancia y Adolescencia, Yeine Lin Hernández Arrieta, habla con el exalcalde de San Benito, Manuel Cadrazco Salcedo y que es la prueba reina de la Fiscalía General de la Nación para acusarla del delito de concusión agravada, fue validada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo para tenerla en cuenta en el juicio oral y público.

Sin embargo, la defensa de Hernández Arrieta, repuso la decisión, al tiempo que le pidió a la magistrada Lucy Bejarano Maturana mantenerse en la decisión de no aceptar como prueba en el proceso las publicaciones de prensa y radio en las que Manuel Cadrazco Salcedo dice estar siendo víctima de unas exigencias económicas por el monto de 60 millones de pesos para ser favorecido en unos procesos que le adelanta la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

Pide además la defensa de la procesada que el Tribunal reponga la decisión de admitir como testigos de cargos a Carmenza Bustos Porto y Farides Sáenz Sierra, directora y subdirectora de la Fiscalía en Sucre para la época de los hechos, es decir, finales del año 2016.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo sobre el recurso de reposición que instauró la defensa de Yeine Lin Hernández se conocerá en la audiencia del próximo 14 de julio, y se espera que para esa fecha la Corte Suprema de Justicia se pronuncie también sobre el recurso de apelación que la Fiscal Delegada ante el Tribunal instauró en contra de la decisión que dejó por fuera, como prueba, los reportes de los medios de comunicación tanto hablados como escritos.

Refiere la Fiscal que para este caso no son situaciones subjetivas las que se encuentran en los medios de comunicación, sino la expresión de la misma víctima, es decir, Manuel Cadrazco, quien ratifica estar siendo víctima de exigencias económicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo solo le rechazó a la Fiscalía 33 de las 36 pruebas solicitadas y con las que pretende demostrar la responsabilidad de Yeine Hernández en el delito que le endilgan y que la mantiene con detención domiciliaria desde noviembre de 2016.