La Contraloría General determinó abrir 11 procesos de responsabilidad fiscal contra los representantes legales de las IPS y los exfuncionarios de la gobernación de Sucre. El ente de control encontró mérito para que los responsables sean obligados a devolver los recursos.
Se trata de un monto que la Contraloría General calculó en $3.786 millones, 613 millones más de lo que el propio ente de control había determinado en diciembre del 2016 cuando reveló los hallazgos.
Tras el examen fiscal, el ente de control estableció los montos exactos y las personas involucradas, entre ellos, están los exfuncionarios que deberán responder con sus bienes por el desfalco de los dineros públicos.
En la lista de quienes tendrán que afrontar el proceso fiscal están el exsecretario de Salud de Sucre, Efraín de Jesús Suárez Arrieta, quien fue vinculado a los procesos por un total de $3.258 millones.
Asimismo aparece Nayibe Del Carmen Padilla Villa, quien reemplazó a Suárez en los 13 meses finales del periodo del mandato. A ella se le hace responsable de $3.719 millones. Para la Contraloría, en estos dos casos es sospechoso que se autorizaran estos pagos con montos tan grandes por lo que se concluye con la vigilancia.
La responsabilidad fiscal no solo recae en las cabezas de la Secretaría de Salud departamental. La Contraloría halló responsabilidad del líder del programa de auditoría, Samir Gregorio Serpa Álvarez y del auditor médico Oswaldo Marcial Contreras Gómez. Los dos omitieron su responsabilidad de verificar las condiciones legales de los contratos, lo que ocasionó el presunto detrimento.
Las IPS también responden
Dentro de los 11 procesos aperturados por responsabilidad fiscal también aparecen las Instituciones prestadoras de Salud (IPS). En la lista está la Clínica Nuevos Amaneceres que cobró entre septiembre del 2014 y junio del 2015, servicios no prestados por valor de $2.155 millones.
En seis facturas fueron falsificadas la firma y el sello del médico cirujano especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana, Gustavo Zambrano San Juan. Aunque el galeno estuvo en el departamento Sucre en 2013 y firmó un contrato para la atención de pacientes mentales, este nunca se ejecutó.
'La firma no corresponde a la mía', le dijo a los auditores de la Contraloría.
Los investigadores de la Contraloría hicieron otro hallazgo en esta clínica por valor de $242 millones.
Por un monto menor, el representante legal de la Fundación Nuevo Ser también deberá responder por los dineros que se cobraron a la Secretaría de Salud. En el informe de la Contraloría aparece que institución tiene tres procesos de responsabilidad fiscal que sumados alcanzan los $731 millones.
En la evidencia de la Contraloría existe un caso particular en el que dicha fundación cobró a la Secretaria de Salud la suma de 32 millones de pesos por el pago de un servicio prestado por un médico cirujano especialista en medicina general quien, aunque trabajó en esa IPS entre 2011 y 2012, aparece firmando ordenes servicio en 2013.
'La redacción de las historias clínicas y del contenido de las mismas no es mi manera de trabajar', señaló el especialista en su declaración en la Contraloría.
La Fundación Mar de Galilea ($66 millones), la Clínica Santa Isabel ($18 millones), la Fundación Libertad y Fe ($72 millones) y el Centro de Neuro Rehabilitación San Rafael ($370 millones), completan el grupo de entidades cuyos representantes legales están llamados a responder por los presuntos desfalcos.
Lo que viene
Con las actuaciones de las autoridades, todo parece indicar que el ‘cartel de los enfermos mentales’ no va a quedar impune. Con la apertura de responsabilidad fiscal, la Contraloría encontró mérito para que los recursos por $3.786 millones, sean devueltos.
Los exfuncionarios y representantes legales de las clínicas y fundaciones tendrán que presentarse en la Contraloría para responder por los dineros cobrados de servicios de salud no prestados, las audiencias se realizarán en Bogotá y Sucre.
El pasado 11 de mayo, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, le envió una comunicación al fiscal general sobre la apertura de 11 procesos de responsabilidad fiscal, en la que señaló los nombres de todos los presuntos responsables y las cuantías en cada proceso. La idea es que esta acción contribuya en la acción penal que se adelanta.
De la misma manera, Maya envió copia al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, para que conociera de los procesos y adelante las investigaciones disciplinarias contra los exfuncionarios, entre ellos, los dos exsecretarios de salud de Sucre.
Contrario a lo que ocurría en los actos de corrupción relacionados con infraestructura en los que se establecen porcentajes de coimas, en el ‘cartel de los enfermos mentales’, los auspiciadores iban por todo el dinero. Ahora tras la determinación del ente de control deberán responder por estos recursos.
