El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, con funciones de conocimiento, ratificó en la tarde de este lunes la medida de aseguramiento de detención preventiva en su residencia que pesa contra la exsecretaria de Salud de Sucre, Nayibe del Carmen Padilla Villa.
De esta forma la juez resolvió el recurso de apelación que tanto la Fiscalía General de la Nación como la defensa de la procesada le habían impuesto a la decisión del Juez Primero Penal Municipal de Sincelejo con funciones de control de garantías.
Mientras la defensa de Padilla Villa argumentó que ella no se hacía acreedora a ninguna medida de aseguramiento por cuanto no iba a interceder en la investigación por no estar ya en la Secretaría de Salud sino en otra dependencia y que estaba presta a comparecer ante la justicia pese a que le reprochan haberse ausentado cuando supo que había una orden de detención en su contra, reacción que su defensa cataloga como normal, la Fiscalía 78 de la Unidad Anticorrupción argumentó que la permanencia de Nayibe Padilla en su casa sí se prestaba para que a través de medios electrónicos y hasta de visitas tuviera algún vinculo con la investigación.
Por lo que entonces la medida más necesaria para Nayibe Padilla, según la Fiscalía, era la intramuro.
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La juez de segunda instancia al analizar la situación de la procesada profirió el Auto que ratifica la decisión de primera instancia en la que advierte que la detención en casa es proporcional, adecuada y con ella se protege a la sociedad, además que sugiere la humanización de la privación efectiva de la libertad.
Indicó que una medida de aseguramiento para Padilla Villa si es procedente en tanto que los delitos por los que es procesada son de esos que atentan contra la seguridad pública, su pena sobrepasa los 4 años de prisión y son investigados de oficio, estos son concierto para delinquir, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Es de anotar que a Nayibe Padilla Villa la vinculan con el cartel de los falsos enfermos mentales que operó en Sucre durante la administración del gobernador Julio César Guerra Tulena y que permitió la apropiación de más de $5 mil millones a través de resoluciones de pago por las que las clínicas debían pagar coimas.
