Se entregó este martes otro de los funcionarios de Sucre, de la pasada administración departamental, vinculado a la investigación por el ‘cartel de los enfermos mentales’: se trata del auditor Nadim Farak Arrieta, buscado por la Fiscalía General desde la semana pasada.
A las 8:30 de la mañana, Farak se presentó en las instalaciones del CTI de la Fiscalía y, en horas de la tarde, fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le endilga los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción y concierto para delinquir.
Por el ‘cartel de los enfermos mentales’, que operó en la administración del gobernador Julio César Guerra Tulena, contra quien la Fiscalía pedirá una investigación a la Corte Suprema de Justicia, fueron capturadas, la semana pasada, seis personas, entre ellos tres ex funcionarios públicos, dos contratistas y un particular (el contador personal del ex mandatario sucreño).
El lunes se entregó la ex secretaria de Salud (2015) Nayibe Padilla Villa, también vinculada a la red que defraudó en $5.094 millones el sistema de salud sucreño, en tratamientos y hospitalizaciones a pacientes falsos.
Los capturados y en proceso de judicialización son José Madera Lastre y Efraín de Jesús Suárez Arrieta, ex secretarios de Salud; Samir Serpa Álvarez, jefe del Programa de Auditoría de la Secretaría de Salud; Luis Fadul Díaz, representante de la Fundación Nuevo Ser; Ernesto González Ospino, representante de la Fundación Nuevos Amaneceres y el contador Ronaldo Herazo Bertel, quien trabaja para el ex gobernador Guerra.
La situación jurídica de los seis no ha sido resuelta aún debido a que los defensores se han tomado su tiempo para analizar las imputaciones formuladas por el Fiscal 78 Anticorrupción, Daniel Díaz.
Mientras que la Fiscalía ha mostrado pruebas sobre cómo operó la red para defraudar la salud sucreña, incluso con documentos y conceptos médicos falsos, y ha pedido que cinco de ellos sean encarcelados –salvo Ernesto González quien se allanó a los cargos y ha colaborado con la investigación– por ser un peligro para la sociedad, los defensores alegan que la jueza Yinabel Tapia debe concederles detención domiciliaria.
Tapia dijo que hoy a las 8:30 a.m. dará a conocer el día en el que se pronunciará sobre la medida que cobijará a los cinco imputados; para González la Fiscalía pidió domiciliaria con restricciones.
Que quede libre
En el caso de la exsecretaria Padilla el proceso de judicialización es atendido por el juez primero penal municipal con funciones de control de garantías, Víctor Mercado.
El abogado suplente de la exfuncionaria, Andrés Figueroa pidió que no se conceda el aseguramiento en establecimiento carcelario y que, por el contrario, se ordene la libertad.
'No por un capricho –manifestó–, porque lo que aquí se ha presentado son solo apariencias, que han sido soportadas en un contexto que no se le ha presentado de forma adecuada y en el cual no se han tenido en cuenta los verdaderos elementos y circunstancias que rodean el caso'.
El defensor titular de la exsecretaria es Inocencio Meléndez Julio, condenado en Bogotá por el saqueo billonario a la capital del país en la administración de Samuel Moreno Rojas.
Figueroa añadió que la Fiscalía imputó a Padilla el delito de concierto para delinquir 'para dejar en el ambiente' y decirle al juez que se encontraba frente a una organización criminal que funcionaba en la Gobernación de Sucre.
Expresó que su defendida no cometió irregularidad alguna, para lo cual aportó una entrevista de la secretaria de Hacienda de la época, Keina Mebarak, quien dijo que otros funcionarios eran los que tenían la función de certificar la existencia de los pacientes y autorizar la prestación del servicio.
