El gobernador de Sucre, Édgar Martínez, celebró que la Contraloría General de la República, CGR, haya denunciado el ‘cartel de la salud mental’, del que dijo que lo habían detectado en enero, al comienzo de su mandato, a través de sus asesores y la Secretaría de Salud Departamental.
'Esto no fue fortuito de este año, sino que todos en el Departamento sabíamos lo que estaba ocurriendo en la salud y lo dije en mi discurso de posesión: que habían mafias alrededor de la salud mental. Entre abril y mayo sacamos a la luz los malos hábitos que se habían presentado', recordó.
El contralor Edgardo Maya Villazón trasladó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, los hallazgos evidenciados en la Gobernación de Sucre en 2015 por el pago de 3.173 millones de pesos para hospitalización y tratamiento de enfermos mentales que presuntamente no existen.
Ante esta situación Martínez pidió, de forma vehemente, que la Fiscalía envié a la cárcel a las personas que estén involucradas. 'No importa como se llamen o que sean de estrato político en Sucre. Que paguen por este acto tan aberrante que sucedió', acotó el mandatario.
Las anomalías que halló la CGR se presentaron en la administración de Julio César Guerra Tulena.
Sostuvo Édgar Martínez que su administración ha tomado las medidas para impedir más saqueos. 'Todas las cuentes que se paguen en la Secretaría de Salud por un monto superior a los 40 o 50 millones de pesos tiene que pasar por un comité, sino pasa el Gobernador no pone la firma. Lo hemos hecho para evitar que vuelvan a suceder casos similares al del ‘cartel'.
Expresó que la red de anomalías la tienen controlado y explicó que en 2015 la pasada administración pagó, pero este año no. Dijo que hoy le están prestando atención a dos pacientes que sí padecen trastornos mentales, de acuerdo con dictámenes médicos reales.
Recalcó que están investigando unas cuentas de farmacias, de 3 y 4 años, para ver si tienen todos los soportes y pagarlas.
Como si fuera poco, en la pasada administración sucreña por pacientes 'inexistentes' con problemas de coagulación, la Gobernación de Sucre, entre 2012 y 2015, pagó a una IPS $2.900 millones por tratamientos y medicamentos para la hemofilia, reveló igualmente la Contraloría.
