El despilfarro de los recursos del sector salud también tocó al departamento de Sucre, pues, de acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, CGR, en esta parte del país operó el ‘cartel de los enfermos mentales’.
El pronunciamiento del ente de control fiscal ratifica lo que se había convertido en un secreto a voces en las mismas dependencias de la Secretaría de Salud sucreña. Dice la Contraloría que la Gobernación de Sucre en 2015 utilizó recursos destinados a la Población Pobre no Asegurada para pagar hospitalizaciones y tratamientos de supuestos enfermos mentales por $3.173 millones, pero los pacientes no existen. La facturación fue pagada con soportes falsos.
Hasta el año pasado el gobernador de Sucre fue Julio César Guerra Tulena.
En este ‘cartel’, detectado al auditar el manejo de los recursos del Sistema General de Participación, SGP, del año pasado, están involucradas cinco Instituciones Prestadoras de Salud de las que la Contraloría no revela nombres, pero las denomina IPS 1, que recibió pagos por $2.155 millones; IPS 2, $468 millones; IPS 3, $455 millones; IPS 4, $61 millones y la IPS 5, $32 millones.
Falsificaciones
El pago de mayor cuantía fue cobrado a nombre de un psiquiatra de Bogotá, para lo cual usaron documentos y firmas presuntamente falsas.
En efecto, para hacer los cobros utilizaron diagnósticos de un médico especialista en Psiquiatría General, egresado de la Universidad Javeriana, quien al ser entrevistado por el equipo auditor de la Contraloría precisó que si bien firmó un contrato en 2013 con dicha IPS, por 6 meses, para ir dos veces al mes a valorar pacientes, nunca llevó a cabo esa actividad.
'La firma no corresponde a la mía, firmo totalmente diferente; eso es un garabato que hicieron, intentando falsificar mi firma. El sello que utilizan en las historias clínicas no corresponde al mío, siempre uso el mismo sello desde hace muchísimos años, desde que soy especialista, y ese no es el sello que yo uso', respondió el psiquiatra.
La Contraloría reveló que el médico presuntamente suplantado les explicó que tras firmar el contrato hace tres años, estuvo día y medio en Corozal conociendo las instalaciones de la IPS hoy beneficiaria de los pagos, pero asegura que luego de esa visita nunca lo volvieron a llamar, no le pagaron nada, ni le respondieron las llamadas telefónicas que hizo, ni los correos electrónicos que les escribió en su momento.
Por lo tanto, aseguró a los auditores que nunca atendió pacientes y mucho menos autorizó hospitalizaciones, como indican las historias clínicas.
'(…) están cobrando a nombre mío en el departamento de Sucre donde yo jamás he visto un paciente, donde la facturación obviamente está siendo falsificada con mi nombre', manifestó el psiquiatra.
'En el sello aparece mi nombre mal escrito y el de la Universidad Javeriana mal escrito como yo lo empleo: la Universidad se llama Pontificia Universidad Javeriana y no P. Universidad J., como aparece en el sello; el registro médico que aparece no es el mío, es el número de la tarjeta profesional, no el del registro médico', dijo el psiquiatra.
¿Más irregularidades?
Así como el especialista, la CGR informó que el líder del Programa de Auditoría de la Secretaria de Salud Departamental, en entrevista con los auditores, también aseguró que la firma empleada para autorizar la prestación de servicio no corresponde a la suya.
Expresa el ente de control que en la auditoría de los recursos del SGP hubo otra irregularidad. La Gobernación de Sucre le pagó a una clínica facturas por un poco más de $32 millones, supuestamente por solicitud de un psiquiatra de Montería. Al ser requerido, este, al igual que su colega de Bogotá, certificó ante la Contraloría que la firma que aparece en los documentos clínicos, que soportan las facturas entregadas por la administración departamental, no es la suya: fue falsificada.
Aparte de estos hallazgos, la Contraloría revisa facturas por $300 millones y evalúa 218 más, de diferentes IPS, por $1.561 millones, que le fueron allegadas cuando había terminado la auditoría, por lo que decidió abrir una 'indagación preliminar' al respecto.
