Sincelejo. El director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, reconoció que tienen intervenidos terrenos en Turbo (Antioquia) en una zona que colinda con los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá, llamada La 35, donde hay 100 familias campesinas que están reclamando tierras y en ella el magistrado Jorge Pretelt tiene un predio llamado La Corona.
'Lo que hemos encontrado es que sobre este predio hay varias reclamaciones y la Unidad lleva una intervención desde hace varias semanas, desde el año pasado veníamos pidiendo este terreno para ser intervenido pero solo hasta ahora nos lo dieron, estamos cruzando bases de datos, registro y escuchando a las comunidades', dijo.
Sabogal sostuvo que próximamente le estará diciendo al país si es necesario que el magistrado devuelva esas tierras, pero que hay que tener en cuenta que no es el Gobierno quien hace la devolución sino que todo depende de la decisión de un Juez de Restitución.
'La Unidad cumple fielmente la Ley de Víctimas y en ese sentido representamos a las víctimas, si nosotros encontramos que a estas personas le quitaron la tierra a mediados de los 90's como nos lo han dicho, no vamos a dudar ni un solo minuto en llevarle esto al juez', explicó el director.
Según información recolectada en la zona, a mediados de los 90 de la mano de la casa Castaño sacaron a cientos de familias, 'y si es así el Estado colombiano tiene todos los instrumentos para hacer cumplir las leyes. Si el juez se pronuncia y ordena la devolución de las tierras no les quepa la menor duda que la vamos a devolver así como lo hemos hecho en la zona en el caso de los Castaños'.
En la actualidad tienen reclamaciones que abarcan un poco más de 110 hectáreas que podrían ser más o menos porque el terreno es de cerca de 700 por lo que están trabajando de la mano con la comunidad.
El pronunciamiento de Sabogal se dio en medio de una rueda de prensa en la seccional Sucre en el marco de lanzamiento de la estrategia Derechos Visibles para la Reconciliación Territorial en el que la Defensoría del Pueblo y la URT trabajaran en conjunto.
La idea es que la Defensoría preste asesoría, acompañamiento y defensa técnica a terceros intervinientes u opositores que tengan calidad de víctimas y se encuentren en situación de vulnerabilidad.
'Nosotros le prestaremos la asesoría a comprados de buena fe, aquellos que compraron los predios a sus vecinos, familiares o allegados y que ahora lo están reclamando ante la URT. La Unidad focaliza los predios y nosotros con esos insumos determinamos quienes son los segundo ocupantes y le damos la defensa', dijo Franklin de la Vega, Defensor del Pueblo.
Para esto la Defensoría dispondrá de 8 defensores especialistas en restitución para que se apersonen de este proceso.
