Compartir:

En una entrevista relámpago, en la que solo accedió a responder una pregunta, el gobernador de Sucre, Julio Guerra Tulena, dijo no tener la culpa de nada de lo que lo están sindicando. Ello a raíz de que la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por posibles irregularidades en la licitación del chance en el departamento.

En este proceso también están implicados el gerente de la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar (Emcoazar) Carlos Pretelt Geovo, y el exgerente, Edwin Romero Ángel, quien está privado de la libertad por estos hechos.

'No tengo realmente culpa en lo que me viene sucediendo, la culpa se la echo a Edwin Romero', dijo el gobernador.

La investigación del Ministerio Público está encaminada a averiguar si el mandatario departamental cometió falta disciplinaria durante el proceso de licitación en el que solo participó Aposucre, que tiene entre sus socios a Enilse López Romero, conocida como la Gata y a sus hijos Julio José y el senador Héctor Julio Alfonso López.

De acuerdo a la Procuraduría, Guerra no habría ejercido sus funciones de control y vigilancia sobre la Emcoazar encargada de realizar la licitación y entrega del contrato para el manejo del chance.

El apoderado del gobernador, Luis Yesid Hoyos Avilés, dijo que aunque es el presidente de la junta directiva de Emcoazar, esta es una empresa que tiene autonomía administrativa.

Además aseguró que realizó todo acorde a la ley y siempre guiado por las recomendaciones dadas por la Secretaría de la Transparencia, la Procuraduría y la Fiscalía.

La diputada Sandra Pestana Rojas del partido de la U, consideró que esta administración carece de organización y de procesos bien hechos. 'Este pliego de cargo es producto de esto, de no tener un buen manejo'.

El gobernador en su momento manifestó que Romero Ángel le había adjudicado el contrato a Aposucre a sus espaldas de ahí que la diputada manifestó, 'cuando los hijos hacen cosas a las espaldas de sus padres es porque estos no tienen el control sobre sus hijos'.

Ante esta decisión Guerra destituyó al gerente de Emcoazar y una semana después, el 12 de septiembre, fue posesionado Carlos Pretel Geovo quien decretó la caducidad del contrato por incumplimiento de las cláusulas que determinan la constitución de las garantías del mismo.

'Comportamiento omisivo que además dio lugar a que fuera declarada la caducidad del precitado contrato sin que al parecer se presentaran las causales previstas en la Ley, y con el cual ocasionó que ese ente territorial no esté recaudando los recursos económicos producto de la renta que debería generar la concesión antes mencionada', indica la determinación de la Procuraduría.

El contrato fue adjudicado el 21 de noviembre a Superservicios de Nariño S.A., a 5 años por 6.499 millones de pesos. Comenzará a operar el 1 diciembre cuando se reanude la venta del chance que quedó suspendida desde el 6 de septiembre.

Para el 12 de diciembre está fijada la audiencia en la que responderá por estos hechos.