Después de cinco horas de audiencia de solicitud de medida de aseguramiento y de dos días en que las partes realizaran su mejor esfuerzo en la presentación de pruebas, el Juez Primero Penal Ambulante Bacrim le dictó medida de aseguramiento en el Establecimiento de Reclusión Especial ERE, en Corozal, a Edwin Romero Ángel, exgerente de la Empresa Comercializadora de Juegos de Suerte y Azar, Emcoazar.
Pese a que la defensa aseguró que su apoderado no representaba peligro para la comunidad y que podría presentarse a comparecer, no fue suficiente argumento para que el juez desistiera de la detención intramuro.
La Fiscalía en audiencias realizadas anteayer le imputó cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato en concurso heterogéneo con prevaricato por acción en concurso homogéneo, que fueron considerados como graves para el juez por causarle detrimento patrimonial al departamento y por ende constituir un peligro para la comunidad.
Siendo este uno de los planteamientos para demostrar el por qué Romero no podía gozar de detención domiciliaria como lo solicitó en diversas ocasiones la defensa.
El ente acusador además aseguró que la medida de aseguramiento debía ser en establecimiento carcelario puesto que los delitos imputados tienen penas altas — oscilan entre los 64 y 216 meses y 48 y 144, respectivamente— lo que conllevaría a que no compareciera cuando fuera requerido.
Romero Ángel fue capturado la noche del martes en el barrio Majagual de Sincelejo luego de que el gobernador Julio César Guerra lo denunciara ante la Fiscalía por haber adjudicado el chance a Aposucre a título personal, sin tener en cuenta a la junta directiva de Emcoazar.
Lo anterior pese a las alertas tempranas emitidas por la Procuraduría, la Fiscalía y la Secretaría de la Transparencia sobre las posibles irregularidades en el proceso de licitación y de la empresa que supuestamente tiene entre sus socios a dos de los hijos de Enilce López, condenada a 37 años por la muerte de un vigilante.
Así mismo, la Fiscalía sostuvo que Romero tenía interés en favorecer a Aposucre, pues el pliego de peticiones estaba hecho a su medida. Paradójicamente fue la única empresa que se postuló para obtener el contrato por 6.389 millones de pesos.
La defensa apeló la decisión del juez pero, pese a esto, fue dejada en firme aduciendo que no había presentado elementos materiales de peso para cambiar la decisión.
