El respeto por las características y diferencias específicas de cada ciudadano y el reconocimiento del libre desarrollo de su personalidad, desde 1991, fue establecido por la Corte Constitucional colombiana como un principio rector de un estado social de derecho. Desde entonces –bajo este fundamento–, en el país deberían respetarse las libertades inherentes a cada ser humano y sus derechos serían inalienables.
Sin embargo, en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que, en todo el mundo, se cometen actos de violencia y discriminación contra las personas identificadas como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (Lgbti). Trascurrida una década desde que fue realizada tal apreciación, el fenómeno sigue teniendo capítulo abierto en Barranquilla y el Atlántico.
