Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó que solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés iniciar un incidente de desacato por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
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El pedido tiene que ver con el incumplimiento de lo sentenciado respecto a los vertimientos de aguas residuales domésticas en la cárcel ‘Nueva Esperanza’.
'El ente de control aseveró que, a pesar de que el tribunal ordenó medidas cautelares desde el 2022 y de contar con un fallo de acción popular que protegió los derechos colectivos de los sanandresanos, las descargas intermitentes de aguas residuales persisten en el sector de Schooner Bight por falta de un sistema apropiado para su manejo y recolección', se lee en el escrito de la PGN.
Agregó la Procuraduría que el Inpec y la Uspec han incumplido la orden judicial emitida desde el 2022, en la cual se pidió remover las tuberías que salen a los predios vecinos para evitar afectaciones a quienes habitan en las zonas aledañas a este centro carcelario.
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También detalló la entidad que en una visita de seguimiento en el centro carcelario la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés (Coralina) evidenció una 'infracción ambiental relacionada con la prohibición de verter aguas en calles, calzadas y canales o alcantarillados para aguas lluvias'.
