Tras las contantes quejas por el estado en el que se encuentra el archipiélago tras el paso del huracán Iota, la Corte Constitucional ordenó un nuevo paquete de medidas para proteger y garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que fueron afectadas por el fenómeno natural.
De acuerdo con la entidad, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en un plazo menor de 20 días, deberán identificar las viviendas que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas negras domésticas y, posteriormente, realizar las adecuaciones necesarias en las viviendas para que se garantice un sistema de saneamiento básico funcional.
