Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, detenido en casa por cárcel desde septiembre pasado por presuntas irregularidades en un contrato de $500 millones en medio de la pandemia.
Para el togado 'no se acreditan las circunstancias para mantener la medida contra el gobernador'.
La Fiscalía le imputó cargos al mandatario porque, al parecer, decretó la calamidad pública por la pandemia, declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago y celebró de manera directa un contrato de servicios publicitarios por $500 millones con la empresa Noel Foto S.A.S. a pesar de que su oferta aparentemente superaba la de otros proponentes.
La defensa del gobernador presentó una solicitud de libertad con base en un reporte de la Contraloría Departamental de San Andrés, que indicó que por el contrato objeto de investigación en la Fiscalía no se habría presentado peculado.
La Fiscalía, que ya presentó escrito de acusación contra el gobernador, indicó que buscará demostrar que 'hay suficientes elementos que dan cuenta de la responsabilidad del mandatario en irregularidades detectadas en un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria'.
Hawkins Sjogreen fue judicializado por haber supuestamente beneficiado a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para su elección.
'De igual manera, se conoció que el mandatario departamental justificó la declaratoria de urgencia manifiesta ante el bajo nivel de cobertura de la red hospitalaria y con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por la covid-19. Pero, el objeto del contrato investigado, correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no aportaba a atender los requerimientos sanitarios de la población', indicó la Fiscalía en su momento.
El ente acusador le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
