Ochenta y seis autoridades tradicionales de los diferentes resguardos indígenas de Riohacha y de sus corregimientos, ratificaron su decisión de no permitir el acceso de organismos estatales a sus comunidades porque consideran que no están dadas las condiciones para que se les garantice el derecho a la vida .
'Porque el derecho a la vida es esencial y es el principal, pero no se puede garantizar este derecho, si en las comunidades no hay agua' indicó la líder Matilde López Arpushana.
'Agua es esencial'
Los líderes wayuu advirtieron que por esta decisión que tomaron desde el pasado 14 de julio, 3.390 niños no reciben atención estatal en materia de atención en salud y apoyo nutricional, ya que no se ha dado respuesta a las peticiones de las comunidades.
'Creemos que si no nos facilitan por lo menos el acceso al agua, no se hace nada ¿con que se va a preparar el alimento? Sin agua no hay derecho a la vida y en la Alcaldía lo que nos dicen es que no hay contratación de carrotanques, así que nada, no hay nada' apuntó López Arpushana.
Aunque a la cita no acudieron representantes del nivel nacional de las entidades como el ICBF, Fiscalía, Ministerio de Salud o de Vivienda para el tema del agua, los indígenas presentaron sus quejas a los delegados departamentales ante las cuales dejaron en claro que no hay posibilidades de otra decisión.
Dos posiciones
Spencer Rivadeneira, secretario de Salud del Distrito, sostuvo que hubo avances en la búsqueda de una solución.'El encuentro es positivo porque existe la posibilidad de que tengamos acceso a las comunidades, que solo lograremos destrabar con las autoridades del orden nacional'.
La decisión de no permitir el acceso a entidades de asistencia o de salud a las rancherías y comunidades se tomó después que un padre wayuu que se había llevado a su hijo de un centro asistencial, supo que podía ser judicializado por la decisión que adoptó. El padre adujo que quería que atendieran al niño según los usos y costumbres wayuu.
Guillermina Epieyu, autoridad tradicional de la comunidad del Ciruelo, ubicada en la vía entre la capital guajira y Maicao, asegura que además de sentirse abandonados por el Estado, ahora deben enfrentar los señalamientos de quienes los acusan de no dejar que atiendan a sus hijos.
'No es que nosotros no dejemos que nos atiendan los niños; los padres no quieren que sus hijos mueran. Es que tenemos muchas dificultades, primero para venir a un hospital y luego para permanecer allí sin tener dónde quedarnos ni tener nada que comer', manifestó en diálogo con EL HERALDO.
En la reunión cumplida en el Centro Cultural de Riohacha quedó planteada la necesidad de una nueva reunión, a la que deben asistir representantes de entidades del orden nacional para la toma de decisiones que conduzca a las soluciones que dejaron planteadas las 86 autoridades tradicionales wayuu de manera unánime.
