Compartir:

La Fiscalía informó este martes en un comunicado que fueron judicializados un concejal en Córdoba y otros presuntos integrantes del Clan del Golfo por facilitar la ejecución de ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Lea también: Crimen de comerciante en Soledad: Policía captura a supuestos responsables

Se trata del cabildante de San Carlos, Lewis Joel Acosta Soto, quien sería el encargado de “instruir y orientar a las estructuras armadas sobre las acciones que debían ejercer contra comerciantes y pobladores que no acataban las restricciones impuestas por el grupo armado ilegal”.

Lea también: Padre señalado de asesinar a sus dos hijos, en Bogotá, tenía antecedentes por violencia intrafamiliar

Indica el reporte que el Clan del Golfo tendría en Córdoba un componente dedicado exclusivamente a alertar a los cabecillas sobre los movimientos de la fuerza pública en determinadas zonas del departamento y poner en evidencia a los ciudadanos que se oponían o no atendían las instrucciones que impartía el grupo armado ilegal.

Fiscalía General de la Nación

Lea también: Seis brigadieres generales han sido considerados para ascender al grado de Mayor General

Además de Acosta Soto, también fueron judicializados Manuel Santiago Reyes Morales, alias Indio; Náfer José Polo López, alias Barbero; Claudia Patricia Espitia Guarne y Jairo Segundo Sánchez Polo, imputados por el delito de concierto para delinquir agravado, el cual no fue aceptado, y todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Lea también: Alertan posible formación de Depresión Tropical en el Caribe para este fin de semana

“Las investigaciones dan cuenta de que el cabildante sería el encargado de identificar a posibles víctimas de homicidios, orientar sobre el tipo de conducta ilegal que se podría ejercer en puntos específicos, así como obtener dinero, transporte y otros recursos para la subestructura ‘Javier Yepes Cantero’. Los demás señalados involucrados cumplirían diferentes roles relacionados con vigilancias a las instalaciones y el personal de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, entre otros”, se lee en el boletín.