La recuperación del Centro Histórico de Cartagena dio un nuevo paso este martes con el cierre de la última discoteca para adultos que quedaba en la zona. La Alcaldía Mayor informó que ya se realizaron los operativos correspondientes para la suspensión de las actividades en este espacio que afectaba la tranquilidad del turismo familiar y la convivencia.
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Esta medida se tomó en el marco del proceso verbal abreviado adelantado por la Inspectora de Policía Urbana 1B de la Secretaría del Interior, quien en audiencia desarrollada el día 6 de noviembre del 2024 resolvió declarar infractor al establecimiento de comercio denominado Omnia, por adelantar comportamientos contrarios a la integridad urbanística, relacionados con la contravención a los usos del suelo y de la normatividad vigente, por lo que se determinó la suspensión definitiva de la actividad desarrollada.
La citada decisión fue confirmada en segunda instancia por la Dirección de Control Urbano, quien a través de la Resolución AMC-RES-004977-202 resolvió el recurso de apelación interpuesto en audiencia pública por parte del propietario.
Basados en las pruebas recaudadas dentro del procedimiento, se logró establecer que la actividad desarrollada en el establecimiento Omnia y destinada en el inmueble contradecían el uso del suelo, para lo que debían contar con las licencias urbanísticas necesarias que permitieran su ejecución.
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Sin embargo, el pasado 14 de enero, los propietarios del establecimiento radicaron una tutela contra la orden policiva ante el Juzgado 12 Civil de Cartagena, por considerar que se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, trabajo e igualdad.
El grupo empresarial solicitó al juez que instara al Distrito a hacer operativos en más de diez establecimientos en el centro amurallado que brindan servicios como restaurantes y gastrobares.
A su vez, la tutela defendió que el establecimiento “no oferta ni permite transacciones sexuales, trata de personas u otras prácticas contra la convivencia ciudadana; y que el uso del suelo con su actividad económica, “como taberna y restaurante”, no va contra las normativas.
Por ende, solicitaron que se impugne la orden policiva, se suspendan los efectos jurídicos y se revoque la orden de cerramiento del establecimiento. El Juzgado les dio la razón en principio y aceptó sus pretensiones, decisión que fue impugnada por la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena.
Como resultado, en decisión de segunda instancia, el Juzgado 1 Penal de Cartagena, luego de revisar los argumentos jurídicos de la Oficina Jurídica, a cargo de Milton Pereira, desestimó la tutela de Omnia y ratificó el cierre en su fallo el pasado 24 de febrero.
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Para el juez Machado, “no se advierte vulneración al derecho fundamental del Debido Proceso, ni al derecho fundamental de Defensa, Trabajo e Igualdad teniendo en cuenta que el trámite realizado por las entidades accionadas, estuvo ajustado a los preceptos legales y constitucionales, teniendo en cuenta que, la licencia urbanística exigida no se deriva de un capricho de las entidades sino de un mandato legal”.
La Alcaldía de Cartagena señaló que continuará trabajando en colaboración con la comunidad, entidades privadas y organismos internacionales para fortalecer la protección del patrimonio cultural y promover iniciativas que respeten el valor histórico.
