Como un “regalo de Navidad” calificó el Ministerio de Educación la reciente aprobación de una reforma a la Ley 30 de 1992 que modifica la “fórmula” con la que se gira recursos a las instituciones de educación superior del país. Es decir, ahora las universidades contarán con más plata para su funcionamiento.
Con 116 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes aprobó un modelo que permitirá que en el marco de su autonomía, las instituciones de educación superior afronten una necesidad histórica, el decrecimiento de su financiación. Para esto fue necesario la modificación de los artículos 86 y 87 de la mencionada ley.
“Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy podemos decir, con certeza, que esa lucha no fue en vano. Aquello por lo que se movilizaron es hoy Ley de la República (…) Este es un logro colectivo”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
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La reforma establece un nuevo esquema de financiación que reconoce las variaciones de los costos reales de funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas y deja atrás un sistema atado únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). A partir de ahora, los aportes de la Nación se ajustarán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, “lo que permitirá una asignación más justa y acorde con la realidad del sistema”.
Con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales, destinados a ampliar cobertura, mejorar la calidad, fortalecer la investigación cerrar brechas y avanzar en la regionalización de la educación superior.
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“Los nuevos recursos estarán orientados a ampliar el acceso, garantizar la permanencia y promover la graduación de estudiantes; fortalecer el bienestar universitario; mejorar las condiciones de la planta docente y administrativa; impulsar proyectos de infraestructura; y cerrar brechas territoriales y sociales que históricamente han limitado las oportunidades de miles de jóvenes”, explica el ministerio.
El objetivo de largo plazo del Gobierno y del Ministerio de Educación es ambicioso: alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de países de la OCDE.
