Este viernes se dará un paso decisivo en la investigación sobre el polémico lote Aguas Vivas, ubicado en un exclusivo sector de Medellín. La Fiscalía General de la Nación iniciará la audiencia de acusación, etapa previa al juicio oral, contra el exalcalde Daniel Quintero y otras doce personas señaladas por presuntas irregularidades en la gestión del terreno.
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El proceso judicial se sustenta en cerca de 4.000 pruebas documentales que la Fiscalía tiene en su poder, las cuales se esperan sean revisadas durante la audiencia que se realizará esta tarde.
El escrito de acusación, presentado el pasado 16 de septiembre, señala a Quintero como responsable de alterar de manera indebida el Plan de Ordenamiento Territorial, permitiendo que un tercero adquiriera el megalote de más de 140.000 metros cuadrados, a pesar de que Aguas Vivas ya era un bien público.
Entre los implicados también se encuentran nueve exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, entre ellos Ingrid González, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Yina Pedroza, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Carlos Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial, y Karen Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria General.
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Otras personas imputadas incluyen a Sergio López, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Natalia Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios, Alethia Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores, y Fabio Trujillo, exsecretario General de la Alcaldía de Medellín.
El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha destacado la importancia de que el proceso avance, señalando que particulares se habrían beneficiado con el lote valorado en más de 40.000 millones de pesos. “A Medellín se lo robaron. Y yo veo con buenos ojos como alcalde y como ciudadano, y el municipio y el Distrito que ha sido reconocido como víctima en este proceso. Como viene avanzando justamente un proceso como este ya con escrito de acusación y entra en fase de juicio. Estas personas tienen que ir a la cárcel”, afirmó el mandatario.
La Fiscalía imputó cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, argumentando que los exfuncionarios habrían favorecido a particulares con el lote Aguas Vivas. Según las investigaciones, entre febrero de 2020 y mayo de 2023 se habrían realizado cambios en la cesión gratuita del terreno para transformarlo en compraventa durante un proceso de conciliación prejudicial.
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La abogada Gloria Jaramillo explicó que el escrito de acusación contiene 144 páginas con testimonios y pruebas que evidenciarían las presuntas irregularidades. “Se detalla más de 40 testimonios de personas dentro del proceso. Se detallan cientos y cientos de pruebas documentales, de pruebas periciales. En este caso estamos hablando que solo en el caso de Quintero puede haber más de 500 pruebas”, manifestó.
El caso habría iniciado cuando, supuestamente, el exalcalde y su exsecretario General expidieron actos administrativos irregulares para incrementar el avalúo del terreno, entregarlo a particulares y permitir actividades urbanísticas prohibidas por el Plan de Ordenamiento Territorial.

















