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En la tarde de este miércoles 29 de octubre, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación inspeccionó la sede de Colombia Humana en medio de una investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente, la cual está en el ojo del huracán por supuestas violaciones de topes electorales.

Por esto, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) realizaron la diligencia en búsqueda de información relevante en medio de la investigación. Se conoció que esta inspección fue ordenada por el Fiscal 50 de la Dirección Especializada contra la Corrupción y responde a “labores necesarias de verificación de los estados financieros vinculados a la campaña presidencial del año 2022″, del presidente Gustavo Petro Urrego y su gerente de campaña, Ricardo Roa Barragán.

El ente acusador afirmó que “esta actuación es parte de un trabajo metodológico, técnico y objetivo, encaminado a verificar hechos e identificar posibles responsabilidades en el marco del mandato institucional de la Fiscalía y en la búsqueda de establecer la presunta financiación ilícita de campañas y violación de topes electorales“.

Ante esto, los uniformados de la Fiscalía recopilaron algunos elementos clave para la investigación como los estados financieros con los que se establecerá si existieron las irregularidades que se denuncian.

CNE votará ponencia que expone que la campaña de Petro violó topes

El próximo jueves 13 de noviembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) vote la ponencia con la que dos de los magistrados aseguran que la campaña de Petro presidente violó los topes electorales en 2022 en más de $5.000 millones de pesos.

De acuerdo a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la campaña del mandatario utilizó más recursos de lo establecido por la ley tanto en primera como en segunda vuelta, en 2022.

La ponencia afirma que en total $5.300 millones de pesos no fueron reportados por la campaña y por lo cual se inició la investigación en el ente electoral en 2024. Unos $3.700 millones corresponden, según indica el expediente, a primera vuelta y no se registraron en los informes.

El restante, los $1.600, corresponderían a lo no reportado en segunda vuelta que tenían origen en un contrato con la empresa de aviación Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) que le prestó servicios al partido de gobierno Colombia Humana al final de la campaña.