Luego de que el Ministerio de Hacienda radicara el pasado martes a te el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 por un monto total de $557 billones, con $26,3 billones contingentes y que dependen de la aprobación de la ley de financiamiento que serás presentada en el mes de agosto próximo, le llovieron críticas al articulado.
El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, advirtió en sus redes sociales: “¿Si @PetroGustavo y @MinHacienda no lograron financiar un presupuesto por $502 billones en 2024 ni otro por $523 en 2025, qué les hace pensar que sí podrán con uno de $557 en 2026? En Colombia no puede seguir haciendo carrera que el Ejecutivo proponga montos que no se corresponden con la realidad. Mucho menos cuando el Estado atraviesa problemas de caja sin precedentes y en la vigencia pasada las Comisiones Económicas les negaron un proyecto por estar desfinanciado. Bajo ese supuesto, no se entiende por qué insisten en presentar otro texto que exige la aprobación de una mal llamada #LeyDeFinanciamiento para funcionar”.
A su vez, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo calificó como “pésimo” porque “no solo sigue desaforado creciendo en gastos de funcionamiento, burocracia y personal, sino que la inversión social y productiva es la que sale a perder. Esta última cuando se compara contra 2022 cae. Mientras tanto la burocracia crece al 40%. Pero lo peor es que está desfinanciado en $26 billones y en un contexto donde se suspendió (o activó cláusula de escape) la regla fiscal y donde tendremos el déficit y la deuda en máximos históricos. Que descaro pretender una reforma tributaria cuando la deuda y el déficit no tienen límites sensatos. Y mientras tanto pobres o pobrísimos los recursos para cultura, deporte y ciencia y tecnología. Caen en términos reales. Triste. El Congreso tiene que ponerse las pilas para estudiar este mal Presupuesto y exigir cambios de fondo y compromisos de bajar el derroche en gastos de funcionamiento”.
A su vez, el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, una de las comisiones económicas que estudiarán en primer debate la iniciativa de la renta pública para el año entrante, señaló que “el Presupuesto General de la Nación para 2026 alcanza los $556,9 billones, llegando a máximos históricos. Es el más alto de la historia, pero también el más inviable, irresponsable e insostenible. Y peor aún: $29,6 billones dependen de una reforma tributaria que golpearía a los más pobres y frenaría el empleo”.
Por su parte, el representante petrista David Racero destacó en su cuenta de X unos “datos claves del proyecto de Presupuesto 2026 radicado por el Gobierno Nacional: 9% se reduce pago de la deuda, 5,7% aumenta la inversión, inclusión social y reconciliación y paz crece 71%, defensa y policía crece 48%, minas y energía crece 37%, ciencia y tecnología crece 31%, transporte crece 14% y aumenta 7,8% las apropiaciones para departamentos y municipios (SGP). La economía sigue creciendo aún con la alta tasa de interés que Banrep aún no decide bajar. En el último año 1,2 millones salieron de la pobreza. Que esta vez las comisiones económicas del Congreso tengan más argumentos para debatir y comprendan que la ley de financiamiento, que complementa la de Presupuesto, generará más crecimiento y equidad”.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2026. Su monto asciende a $557 billones, y baja de 29,0% del PIB en 2025 a 28,9% del PIB en 2026.
Del monto total 2026, $26,3 billones (1,4% del PIB) corresponden a recursos contingentes cuya ejecución dependerá de la aprobación de la Ley de Financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 347 de la Constitución Política y el artículo 54 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP), indicó la cartera económica en un comunicado.
“La aprobación de la ley de financiamiento permitirá contar con las fuentes de recursos para gastos por igual cuantía, por lo que el monto del PGN propuesto es consistente con la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo 2025, según lo previsto por la ley 1473 de 2011, modificada por la Ley 2155 de 2021. Este proyecto de ley permite una gestión fiscal compatible con la protección de la estabilidad macroeconómica. Un ajuste fiscal que asfixie el crecimiento pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública: reduciría la base del recaudo tributario y la capacidad de pago del país. La activación de la cláusula de escape de la regla fiscal se enmarca en un ejercicio de previsión fiscal orientado a mitigar riesgos sobre la estabilidad macroeconómica del país. La Constitución ordena al Estado actuar con previsión ante riesgos que puedan comprometer el bienestar colectivo sin esperar a que se materialice una crisis para adoptar medidas correctivas. Un ajuste fiscal abrupto, que desencadene una fuerte contracción del gasto público, podría precipitar una contracción económica significativa, con graves consecuencias sobre el empleo, la inversión y la calidad de vida de los colombianos”, se lee.
Y concluye que el PGN 2026 se mantiene constante como porcentaje del PIB en 28,9% en comparación con 2025. Sin considerar el servicio de la deuda pública, que asciende a $102 Billones (5,3%% del PIB). Este rubro disminuiría $10,2 billones (-9%) desde $112,6 billones en 2025, como resultado de un menor pago de intereses, producto de operaciones de manejo de deuda en los mercados financieros.
“El gasto de funcionamiento programado es altamente inflexible. Cinco rubros explican alrededor del 80% de su crecimiento en 2026 respecto a 2025: SGP; pensiones incluidas las asignaciones de retiro; aseguramiento en salud; Instituciones de Educación Superior Pública (IESP) y gastos operacionales (nómina, mantenimiento y servicios públicos) de Defensa, Policía, Rama Judicial, Fiscalía y Órganos Autónomos (Congreso, Contraloría, Procuraduría y Registraduría)”, señala.
Y puntualiza que pese a la rigidez presupuestal, la inversión pública programada asciende a $88,8 billones en 2026 (4,6% del PIB), 0,3 puntos porcentuales del PIB superior a la registrada en 2025, cuando llegó a 4,3% del PIB.
