En los mentideros políticos se sabe que la cuarta legislatura, en tiempos electorales, suele ser más del Congreso que del Gobierno, por lo que le quedará aún más difícil al Ejecutivo sacar adelante sus asuntos pendientes en el Capitolio: por su relación compleja con el Legislativo, por las polémicas tejidas alrededor de sus iniciativas, por los tiempos apretados y por tratarse de un período de campañas.
Este domingo arranca la última legislatura de este Congreso y de este Gobierno, cuya apuesta clave será la polémica reforma a la salud 2.0, que en marzo pasado fue aprobada en segundo debate en la plenaria de la Cámara, pero eso no es nada distinto a lo que ocurrió con la reforma a la salud 1.0, que se hundió en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado en el primer semestre del año pasado. Por eso la verdadera prueba de fuego para la controvertida iniciativa sigue ahora en la cámara alta.
Este proyecto, según el Ejecutivo, define nuevas funciones para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres; avala la transmisión directa de recursos a las instituciones que prestan servicios de mediana y alta complejidad; elimina los intermediarios del sistema y redefine el rol de las EPS que ahora pasarán a ser Gestoras de Salud y Vida.
Sin embargo, por ejemplo, ya los conservadores anunciaron su voto negativo a la reforma y en la Comisión Séptima del Senado, próximo escalón del proyecto, el Gobierno no tiene mayorías: esta célula legislativa de asuntos sociales está integrada además por Nadia Blel, del Partido Conservador; Martha Isabel Peralta Epieyú, del Pacto Histórico; José Alfredo Marín Lozano, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto Hernández, del Partido Liberal; Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; Sor Berenice Bedoya Pérez, de la ASI; Edwing Fabián Díaz Plata, de la Alianza Verde; Honorio Miguel Henríquez Pineda, del Centro Democrático; Josué Alirio Barrera Rodríguez, del Centro Democrático; Norma Hurtado Sánchez, del Partido de la U; Ana Paola Agudelo García, del Partido MIRA; Omar de Jesús Restrepo Correa, del Partido Comunes; Wilson Néber Arias Castillo; del Pacto Histórico y Ferney Silva, del Pacto Histórico.
Otro proyecto polémico es el de la anunciada nueva reforma tributaria, que iría por alrededor de $20 billones, y sobre la cual Petro dijo esta semana en su extensa alocución: “Los señores empresarios de Colombia, que son de los más ricos del mundo, muy bien, muy interesante, pero el pacto social con su pueblo y su tierra es pagar los impuestos y pagar más, porque ustedes saben que en un país desarrollado, como cualquiera, pagan la mitad de sus ganancias y aquí no”.
El mandatario había expuesto previamente al respecto en sus redes sociales que “los ricos más ricos de Colombia pasaron sus fortunas de 22.000 millones de dólares a 35.000 millones (unos 140 billones de pesos) entre 2023 y 2024. Pero al proponérseles una reforma tributaria que permita que una parte pequeña de esas utilidades resuelva el déficit fiscal, los ha llevado al insulto permanente al presidente de la República en los medios de los que son propietarios”.
Y al precisar algunos de los nuevos impuestos que irían, el jefe de Estado adelantó que se incrementaría el tributo a los dividendos, y “sustancial”, “para que no saquen la plata de la empresa”; así como agregó el impuesto a las fusiones empresariales, “que hoy no pagan impuestos”; a las herencias: “no pretendo que se quiten las herencias, pero sí hay que aumentarles los impuestos” y finalmente derogar un decreto que quitaba la prohibición para que las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, pudieran invertir en el exterior los recursos del ahorro de los trabajadores para sus pensiones: “Ese decreto hay que derogarlo. Si cae el ahorro, cae la inversión; entonces lo que estamos haciendo es financiar el crecimiento del empleo en Estados Unidos y Europa”.
También en junio pasado fue presentado el controvertido borrador del proyecto sobre tarifas de energía eléctrica por parte del ministro de Minas, Edwin Palma, quien aseveró que la iniciativa busca aliviar el costo del servicio para los usuarios y propone avanzar hacia una composición más representativa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, para que tenga comisionados que puedan defender los intereses de la ciudadanía.
De igual modo, plantea el articulado asegurar el criterio focalizado en el acceso a los subsidios, fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema energético e independizar el cobro de la energía de otros servicios, exceptuando aquellos municipios donde se cobran conjuntamente aseo, saneamiento básico o alcantarillado; garantizar la estratificación correcta y diseñar mecanismos tarifarios especiales que impulsen la industrialización del país a partir de fuentes de energía limpias.
Y la que está retrasada es la ley de competencias, que redistribuirá responsabilidades entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, tras la aprobación en diciembre pasado de la reforma al Sistema General de Participaciones que elevó del 22% al 39,5% las transferencias de recursos a las regiones. El Ejecutivo, que ya debería tener lista y consensuada la iniciativa, pues tendría que presentarla en teoría este 20 de julio, tiene seis meses para aprobarla y que ambos articulados entren en vigor.
Según el diario El Nuevo Siglo, ya el borrador está en la Casa de Nariño para revisión y trae un balance entre el cierre de brechas entre sectores y regiones, el reforzamiento de la autonomía en municipios y departamentos y el acatamiento de la responsabilidad fiscal del país.
Entre tanto, los departamentos le entregaron desde abril pasado al ministro del Interior, Armando Benedetti, su borrador de la ley de competencias, que surgió de la cumbre de gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos en Casanare, con “una correcta diferenciación de capacidades institucionales y fiscales para una asignación de recursos con enfoque diferencial”.
Por ejemplo, en educación, “los distritos y municipios certificados recibirán directamente los recursos de la participación para educación. Los recursos de la participación para educación en los municipios no certificados y las áreas no municipalizadas serán transferidos al respectivo departamento”.
Y en salud, los recursos del SGP financiarán las competencias de los entes territoriales en el “aseguramiento de la población afiliada al régimen subsidiado de salud. Se mantendrá un aporte constante en el tiempo para esta competencia, correspondiente al promedio del valor aportado entre 2019 y 2024”.
