Este miércoles 9 de julio, a las 5:00 p. m., la Registraduría Nacional adjudicará la licitación para la organización de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. El contrato, estimado en más de $2,1 billones, será entregado previsiblemente a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, única proponente que finalizó el proceso.
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La firma en cuestión, de acuerdo con lo que se conoció, está encabezada por la multinacional Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., que participa con una mayoría del 59,91%.
La convocatoria fue publicada el pasado 28 de mayo en el portal oficial de contratación estatal, SECOP II, y estuvo abierta a oferentes nacionales e internacionales.
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Aunque inicialmente más de diez compañías manifestaron su interés, solo la UT ILE 2026 —conformada por nueve empresas— presentó toda la documentación requerida. Además de Thomas Greg & Sons Limited, la unión incluye a Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.S. (11,00%), Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (3,64%), Grupo ASD S.A.S. (7,115%), Thomas Processing & System S.A.S. (8,38%), Sociedad Operadora Opesa S.A.S. (2,92%) y otras tres firmas con participaciones menores.
El proceso ha sido adelantado bajo la modalidad de selección abreviada, al amparo del régimen especial para bienes y servicios destinados a la defensa y seguridad nacional. Según cifras oficiales, el presupuesto del contrato asciende a $2.135.215.742.083.
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Varios de los oferentes inicialmente interesados desistieron de participar, alegando que los requisitos impuestos limitaban la libre competencia.
La firma Cadena S.A., por ejemplo, afirmó en una carta que su retiro obedecía a “un acto de coherencia con las múltiples comunicaciones que hemos enviado sobre la reiterada inclusión de condiciones que impiden la competencia abierta y plural”. En su misiva, la empresa criticó la exigencia de experiencia específica en logística electoral, custodia y distribución, entre otros puntos.
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En esta misma línea, Servicios Postales Nacionales S.A.S. señaló que los criterios de experiencia “podrían estar direccionados hacia un único oferente o restringir injustificadamente la participación de otros posibles interesados”. Además, consideró que la exigencia de cantidades y servicios detallados carecía de sustento técnico y jurídico suficiente.
Otra empresa que intentó postularse fue Smartmatic. El 30 de mayo envió una comunicación a la Registraduría señalando que no podría acceder al SECOP II y solicitó recibir los pliegos por correo electrónico. No obstante, la respuesta del ente electoral fue que el proceso debía realizarse a través del sistema oficial, diseñado para permitir contrataciones electrónicas en Colombia. Finalmente, la compañía confirmó que no presentaría la oferta.
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Pese a las críticas, la Unión Temporal que encabeza Thomas Greg declaró que cumple a cabalidad con todas las condiciones y modificaciones del proceso. La Unión “Conoce, acata y cumple íntegramente todos los numerales, subnumerales incisos y literales” del pliego, aseguró en una comunicación enviada a la entidad.
Ahora bien, en este punto vale la pena mencionar también que, como parte de su apertura internacional, la Registraduría sostuvo reuniones con 14 embajadores, entre ellos el de Francia, para invitar a compañías extranjeras a sumarse a la licitación. Sin embargo, al cierre del proceso, ninguna firma foránea concretó su participación.
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La adjudicación de este miércoles definirá quién se encargará de la logística, la tecnología y la operación de los comicios del año entrante; y, por lo menos hasta el momento, todo parece indicar que el contrato quedará en manos de un único proponente.
