En el marco del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, su defensa presentó el martes 22 de abril una solicitud formal ante el juez segundo especializado en Barranquilla, Hugo Carbonó, para incorporar un estudio pericial financiero que explicaría el manejo de dinero en efectivo por parte del exdiputado.
El abogado Alejandro Carranza argumentó que este análisis “dará luz para que su despacho tome la decisión final sobre si los ingresos que percibía Nicolás eran fruto de un delito fuente o si efectivamente era fruto de su trabajo como diputado o de los recursos recibidos por terceros de forma legal”.
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La defensa cuestionó las dudas sobre la capacidad económica de Petro Burgos para realizar compras en varias tiendas , adquirir joyas o realizar viajes, señalando que los soportes contables demostrarían la legalidad de sus ingresos y refutarían los testimonios presentados por la Fiscalía.
Carranza también solicitó incorporar la declaración de bienes y rentas que Petro presentó en 2020 al asumir como diputado en la Asamblea del Atlántico, documento que según la defensa revelaría que “jamás hubo enriquecimiento ilícito, sino un empobrecimiento”.
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El abogado explicó que la ausencia de consignaciones bancarias se debe a que su cliente tenía una “práctica financiera concreta, legítima, libre y legal de recibir cheques de gerencia para ser cambiados en efectivo”, negando así cualquier actividad ilegal por parte del hijo del Presidente.
