A Gustavo Petro le ha costado entender la independencia tanto de los poderes públicos como de las entidades ajenas al Ejecutivo. El presidente tiene una visión muy particular de lo que significa autonomía. Cree que por ser el jefe del Estado, todos los poderes y las entidades que lo conforman deben estar supeditadas a su voluntad, por muy atrabiliaria y absurda que sea. Los pesos y contrapesos, así como los controles propios de la democracia, son asuntos que Petro desprecia. Llama la atención que alguien que dice haber tenido participación directa en el diseño de la Constitución de 1991 tenga una visión tan sesgada y mezquina de los valores democráticos.
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Cuando las altas cortes –cualquiera de ellas– se pronuncia sobre asuntos de su competencia y esa decisión va en contravía de la voluntad de Petro, entonces el presidente arremete sin piedad contra quien osó llevarle la contraria. De inmediato recurre al manido discurso de la voluntad del pueblo: “Están tomando decisiones contra la voluntad del pueblo”, vocifera desde cualquiera de las tribunas que tiene a su disposición, empezando por su cuenta de X.
Luego de la arremetida de Petro, que incluye la incitación al “pueblo” a volcarse a las calles a reclamar los derechos que –según Petro– le están siendo arrebatados, viene de inmediato la avalancha de improperios por parte de la manada de bodegueros pagos que tiene a su disposición. De esa forma el linchamiento oficialista no tiene pierde: Petro ordena desde sus trincheras y la horda de fanáticos obedece frenéticos, histéricos y solícitos.
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Igual acontece cuando el otro poder –el Legislativo– desafía a Petro. Acaba de suceder con la senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, quien fue una de las que votó en contra la reforma laboral en el Congreso de la República. Blel es presidenta del Partido Conservador y opositora del gobierno. Azuzados y respaldados por Petro, militantes y congresistas del Pacto Histórico llegaron hasta la residencia de la senadora Blel en Cartagena y hostigaron a sus familiares, entre ellos su hijo de apenas 3 años. Petro justificó ese comportamiento criminal –que puso en riesgo la integridad y la vida de un bebé– con el argumento cínico y falaz de que “no nos eche la culpa por lo que usted misma provocó, senadora Blel”.
Hasta el momento una de las pocas entidades que había pasado en blanco con las arremetidas y andanadas de Petro había sido el Banco de la República. Más allá de una queja generalizada sobre el papel de la junta del Emisor, en lo que tiene que ver con las tasas de interés, Petro no había personalizado el asunto, ni se había metido de lleno con sus miembros.
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Pero la decisión del Emisor de no bajar las tasas de interés llevó a Petro a emprenderla contra dos mujeres integrantes de la entidad. En efecto, Petro señaló a las codirectoras Olga Acosta y Viviana Taboada de tener motivaciones políticas al proponer mantener la tasa de interés en 9,5 por ciento, decisión que fue adoptada por mayoría y que desató la ira de Petro.
“Hablan de independencia de la junta directiva del Banco de la República y lo consideran un principio inquebrantable y científico, lo cual no es sino pura ideología; pero no dicen que la junta depende de decisiones uribistas por el origen de sus miembros y que la junta por orden constitucional debe depender del pueblo”.
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Petro se refiere –obviamente– a Taboada y Acosta. La primera fue nombrada por Iván Duque y la segunda fue designada por el propio Petro, por recomendación de su primer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hoy señalado por Petro de todos los males económicos del país.
¿Qué futuro tienen quienes, como la junta del Banco de la República, han decidido lanzar un grito de independencia frente al gobierno de Petro? ¿Quiénes garantizan los derechos de opositores al gobierno?
La independencia de la junta del Banco de la República no se toca
Hizo bien el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en responderle de inmediato a Petro, cuando de forma irresponsable y ligera cuestionó la independencia del Emisor. “Ninguno de los miembros de la junta directiva, exceptuando el ministro de Hacienda, es representante en su seno de un gobierno en particular o de eventuales partidos de oposición”, declaró Villar en el congreso anual de Asofondos.
“Fui 12 años –sostuvo Villar– codirector y llevo cuatro años como gerente del Banco de la República y en todo ese periodo puedo decir con toda claridad y contundencia que nunca he visto que algún codirector –o la junta como institución– actúe con intereses diferentes al de lograr lo mejor para la Nación y para el conjunto de sus habitantes”.
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Y para no dejar ninguna duda, concluyó: “La Constitución es absolutamente clara en su artículo 372 cuando afirma que los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente los intereses de la Nación”. De manera que socavar la probidad de la junta del Banco de la República con señalamientos mendaces, como hace Petro, es atentar contra una de las instituciones más respetadas en el país, quizás la de mayor prestigio, precisamente por su independencia y autonomía.
Aunque se trata de una tarea casi imposible, es hora de que Petro entienda que la junta del Banco de la República no le pertenece y que sus miembros no son sus empleados, a quienes puede regañar cuando le apetezca.
Las decisiones del Banco de la República son institucionales, no personales
Petro no ha sido –ni será– el primer presidente que confronta decisiones de la junta del Banco de la República. Se podría decir que casi todos los presidentes lo han hecho. Y la razón para ello es que todos sienten que “la junta” los obliga a controlar el gasto y no permite que –por cuenta de sus medidas– la inflación se desboque. Desde Gaviria hasta Duque, todos los presidentes han tenidos choques y reparos con la junta del Emisor.
Unos con mayores decibeles que otros. Pero lo que nunca había sucedido –y acaba de suceder con Petro– es que la discusión se personalice y se desconozca de esta forma el “carácter institucional” de la junta. Por eso la respuesta del gerente Villar resultó tan oportuna: no es un asunto personal, sino institucional.
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Gracias a ello la junta “ha sobrevivido” a varios gobiernos y por eso –en esta oportunidad, ante el ataque de Petro– el respaldo que recibió fue abrumador. Señalar de “uribista” una entidad conformada por técnicos en todas sus áreas es no solo irrespetuoso, sino falaz. Mañana otro presidente podría llamarla “petrista”, con ligereza, solo porque no comparte sus decisiones. Y eso también sería un error.
¿El pueblo que sigue a Petro es “bueno” y el que no lo sigue es “malo”?
Ante la forma irresponsable y peligrosa como reaccionó Petro ante el hostigamiento que hicieron dirigentes políticos del Pacto Histórico a la residencia de la senadora Nadia Blel en Cartagena la pregunta que surge es: ¿quién garantiza la integridad y la vida de los congresistas que han decidido oponerse a las reformas de Petro? ¿Quién garantiza que no serán objeto de ataques criminales o demenciales por parte de la horda de fanáticos que sigue a Petro? Según Petro, todo lo que ocurrió en Cartagena es culpa de la senadora Blel, por no haber cumplido la “voluntad del pueblo”.
¿De qué pueblo habla Petro? ¿Del que ataca y pone en riesgo la vida de sus opositores? ¿Ese pueblo “petrista” es más pueblo que aquellos que se oponen a sus iniciativas? ¿El pueblo que sigue a Petro es “bueno” y el pueblo que no lo sigue es “malo”? Esa es la forma absurda y maniquea como Petro concibe la democracia.
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Que quede claro: cualquiera agresión contra quienes se oponen al Gobierno nacional tendrá como único responsable a Petro. Punto. Incitar, promover o permitir ataques contra sus opositores, como hace Petro, no es el talante de un gobernante que se define como demócrata. Está visto que una cosa es lo que dice Petro y otra muy distinta es lo que hace o deja que hagan sus amigos y aliados políticos. Punto.
El único responsable de lo que suceda a opositores es Petro
Ante la gravedad de lo que sucede en Colombia, en lo que tiene que ver con las garantías a quienes se apartan de la voluntad del Gobierno o ejercen la oposición política, es obligatorio que los organismos internacionales defensores y promotores de derechos humanos tengan pleno conocimiento de lo que aquí acontece.
Atentar contra las libertades de aquellos congresistas que de forma legítima se oponen a proyectos del Gobierno nacional es un acto criminal. Punto. Petro –que ha sido opositor durante buena parte de su vida pública– no puede justificar ese accionar bajo ningún pretexto o circunstancia. ¿Quién responde en caso de una agresión fatal contra un opositor? ¿Responde Petro? La Procuraduría General de la Nación debe actuar cuanto antes, en lo que tiene que ver con la incitación al odio por parte de congresistas y ministros de Petro.
¿Es legítimo que un ministro promueva acciones violentas contra una senadora que se opone al Gobierno? ¿Esa conducta no amerita un llamado de atención o –inclusive– la apertura de un proceso disciplinario? Los valores democráticos no se defienden con medias tintas, ni con tibieza.
La comunidad internacional debe conocer sobre lo que sucede. Mantenerla informada no es traición a la Patria. Todo lo contrario: traición a la Patria es guardar silencio ante la gravedad de los hechos.
