En el marco del Foro de Precandidatos del Centro Democrático, los senadores María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia, junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expusieron las principales líneas de lo que sería su propuesta para una reforma laboral, en caso de llegar a la presidencia.
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Durante el encuentro, también reiteraron su rechazo al proyecto presentado por el Gobierno de Gustavo Petro y convocaron a la ciudadanía a movilizarse en su contra.
El exmandatario aseguró que la iniciativa del Gobierno pretende eliminar la contratación sindical y desincentivar la inversión privada. “Nos oponemos a esta reforma porque está inspirada en el odio de clases y afecta el ánimo de quienes pueden generar empleo”, manifestó.
En contraste, Uribe defendió la necesidad de impulsar lo que denominó una “economía fraterna”, basada en la confianza de los empresarios y la mejora progresiva de las condiciones laborales de los trabajadores.
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Dentro de su propuesta, el Centro Democrático plantea que, cuando un sector económico registre un crecimiento igual o superior al 4% anual, las empresas paguen una prima adicional a sus empleados.
Según Uribe, esto incentivaría la colaboración entre empleadores y trabajadores, alineando sus intereses en favor del crecimiento empresarial. Además, citó un estudio elaborado por los economistas Juan Luis Londoño y Santiago Montenegro, en el que se sostiene que el país necesita un crecimiento sostenido del 5% anual para reducir la pobreza y fomentar la equidad.
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En cuanto a la seguridad social, el expresidente destacó la importancia de regular las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales como Uber y Rappi. Propuso que las empresas dueñas de estas plataformas asuman entre el 60% y 70% de las cotizaciones a seguridad social de los conductores, mientras que los trabajadores aportarían entre el 30% y el 40%.
Asimismo, Uribe planteó medidas para que los taxistas tengan acceso a tecnología y puedan competir en igualdad de condiciones con estas plataformas.
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Uribe también reiteró su crítica a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al considerar que su aprobación desmantelaría los avances logrados con la Ley 100 de 1993.
En este sentido, el exmandatario cuestionó la posible implementación de un monopolio estatal en el sector salud y afirmó que el actual sistema, aunque imperfecto, permite a la ciudadanía y al Gobierno ejercer control y sancionar a las entidades prestadoras de salud.
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Finalmente, instó a sus seguidores a recorrer el país para informar a la población sobre los efectos de la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Asimismo, convocó a la ciudadanía a movilizarse contra los 83 artículos del proyecto, argumentando que este atenta contra la estabilidad económica y laboral del país.