Tras más de cinco horas de discusión, la presidenta de la célula legislativa de asuntos sociales, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, tuvo que imponer alzando la voz la orden de votación del articulado, en medio de un recinto a reventar con la presencia de al menos una veintena de congresistas de todos los colores políticos, de pie la mayoría, que se sumaban a los 14 legisladores originalmente miembros de la comisión.
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Mientras que los firmantes de la ponencia de archivo daban su sí al archivo de la iniciativa ante el micrófono, en la célula legislativa se escuchaban las críticas y los respaldos de los demás parlamentarios. Entre tanto, los cuatro gobiernistas y los dos ponentes alternativos votaban por el no al archivo del articulado agregándole complementos como “por respeto al pueblo colombiano” o “y vamos por la consulta popular”.
Todo este ánimo encendido estalla un par de semanas después de haberse conocido la ponencia mayoritaria de archivo, que hizo que Petro anunciara en alocución horas después la convocatoria de una consulta popular sobre las reformas laboral y a la salud -también hundida su primera versión en esta célula legislativa el año pasado-. Desde el gobiernismo empezó entonces una campaña de fuertes cuestionamientos contra los ocho del archivo -que incluso denunciaron amenazas y hostigamientos desde algunos sectores- señalándolos de legislar en contra de los intereses de los menos favorecidos.
Por ello, afuera del Congreso transcurría una multitudinaria marcha a favor de la reforma laboral -que también había naufragado en una versión previa en este mismo Congreso-, la reforma a la salud y la consulta popular de Petro sobre estos dos proyectos.
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Pese a los ecos de la Plaza de Bolívar manifestándose a favor del proyecto, convocada como último recurso infructuoso por parte del jefe de Estado para tratar de salvarlo, la Comisión Séptima archivó este martes la reforma laboral.
A través de la larga sesión, que se instaló pasadas las 10 de la mañana, en medio de un Capitolio desierto -por razones de seguridad solo ingresaron congresistas, funcionarios y periodistas-, la célula legislativa de asuntos sociales de la cámara alta escuchó primero a todos los ponentes: los negativos, los positivos, los alternativos, el Gobierno y a varios legisladores de todas las orillas que fueron a expresar sus puntos de vista al respecto.
Lo primero que hubo fue una declaración de la presidenta de la Comisión y del Partido Conservador, Nadia Blel, frente a los cuestionamientos que ha recibido el grupo de ocho senadores que suscribieron la ponencia de archivo del articulado.
Dentro del recinto de la célula legislativa, atiborrada en sus barras de cámaras, micrófonos y computadores, y en su mesa oval de congresistas de todos los colores, había calentura, climática y política, por la inminente decisión que se venía.
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Afuera, en los corredores y pisos deshabitados del edificio del Congreso, más policías que de costumbre, varios cada tantos metros, escoltas, perros policías y agentes de inteligencia, salvaguardando la seguridad del Legislativo ante la multitudinaria marcha que transcurría de muros para afuera.
Al iniciar la jornada, Blel dio “un agradecimiento a la mesa directiva del Senado y a la Policía que han permitido que los senadores que integran esta comisión puedan ejercer sus funciones”.
“Vamos a brindar todas las garantías como ha sido el talante de esta comisión para que todos puedan expresar sus argumentos en total libertad en el marco del respeto”, dijo la legisladora.
“No se dejen amedrentar por amenazas, el país hoy observa nuestra decisión y esta decisión es el resultado de meses de trabajo, hubo ocho mesas técnicas”, agregó la también presidenta de los godos.
Finalmente, hizo Blel “un llamado al respeto de la separación de poderes y la libertad. Hoy no somos ocho senadores, hoy representamos millones de colombianos que creen en la democracia”.
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Luego, durante 10 minutos cada uno, seis de los ocho firmantes de la ponencia de archivo, expusieron sus razones en contra del polémico proyecto.
Lorena Rios, de Colombia Justa Libres, arrancó con las intervenciones advirtiendo que “la reforma laboral es inconstitucional porque se está tramitando como ley ordinaria cuando es estatutaria, por tratarse de derechos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo y el derecho a la asociación sindical”.
Por su parte, Ana Paola Agudelo, del Partido MIRA, hizo graves denuncias en la célula legislativa: “Me he sentido hostigada por el lenguaje burlesco, peyorativo y destructivo en contra de mis creencias religiosas y de la comunidad a la que yo represento, se le acabaron los argumentos al Gobierno y vienen a atacarnos por nuestra creencia”.
Añadió la senadora cristiana que “en la encuesta que hicimos en el Partido MIRA nos mostró que solo el 22% apoyaba la reforma laboral y más del 60% consideraba que iba a haber un impacto negativo con la misma”.
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A su turno, Berenice Bedoya, del Partido ASI, expuso ante la comisión: “Apenas anunciamos la ponencia de archivo, el Ministerio del Trabajo salió a anunciar que reglamentará por decreto lo que traía la reforma laboral”.
Ante lo que, añadió, “llevo años enfrentándome a las presiones, y no me victimizo y sé que en unos meses Colombia se dará cuenta de cuál es la realidad: esta reforma destruye el trabajo formal”.
Entre tanto, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, advirtió que “la primera mentira que le están diciendo al país es que la reforma laboral se hundió sin debate: el debate lo estamos haciendo hoy, se radicaron varias ponencias, unas positivas, otras negativas. Dato mata relato: aquí estamos haciendo hoy el debate”.
Y también advirtió Pinto: “Hemos sido agredidos todos en esta comisión pero especialmente quiero defender la dignidad de nuestras mujeres, mujeres que han estudiado durante cuatro meses este proyecto”.
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La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, indicó: “Somos un Estado Social de Derecho, hay tres ramas del poder público, este es el Poder Legislativo, aquí pedimos respeto por el Congreso, a quienes nos quieren tratar de filibusteros, pedimos respeto para los ocho senadores que creemos que está reforma se debe hundir”.
Y el senador Honorio Henríquez, del Partido Centro Democrático, sostuvo que “esta reforma aniquila a las empresas pequeñas, que son el 90% de las empresas del país y que generan el 80% de los puestos de trabajo”.
Concluyó además al respecto el opositor: “No hay un solo estudio técnico que nos diga que esta reforma disminuirá la informalidad o que creará nuevas plazas de trabajo”.
Acto seguido, los senadores oficialistas expusieron la ponencia positiva del polémico proyecto de Petro.
Ferney Silva, del Pacto Histórico, precisó que “la reforma lo único que busca es restablecer los derechos perdidos de los trabajadores en Colombia, pero hoy se patea esta posibilidad con argumentos a nuestro modo de ver cuestionables”.
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Expresó en este sentido el gobiernista que “nuestra sociedad ha sido tan golpeada que cuando se trata de reclamar sus derechos le llaman populismo y demagogia, cuando solamente son los actos mínimos de justicia y equidad social”.
Así mismo, aseveró Silva que “mientras que el estudio del Banco de la República dice que con la reforma se perderían 450 mil empleos, el estudio del Ministerio del Interior señala que con la reforma, al contrario, se crearían 91 mil empleos”.
Y concluyó: “La mayoría de los trabajadores colombianos que se ganan un salario mínimo se gastan los sueldos aquí en Colombia, en los comercios de aquí, fortalecen la dinámica económica del país, precisamente a las pequeñas y medianas empresas, no como ustedes, que se gastan sus sueldos en Miami o Europa”.
A su vez, su copartidaria, la senadora Martha Peralta, dijo que “con la Ley 789 de 2002 se dijo que se iba a generar más empleo y más estabilidad: mentiras. Y eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe, por eso es que les duele que hoy estemos recuperando esos derechos”.
Acto seguido, la parlamentaria oficialista defendió a Petro: “El presidente Petro no ha dicho más que la verdad: que los ocho senadores que hoy le dicen que no a los derechos laborales tendrán que responderle al pueblo colombiano”.
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Y él senador Wilson Arias, también del Pacto Histórico, expuso su “rechazo por las condiciones del Congreso hoy, dicen que aquí vive la democracia pero no se deja entrar a la ciudadanía”.
También rechazó el petrista “la infoxicación, que es intoxicar la información para decir verdades a medias, que son las peores mentiras, como la de la encuesta del MIRA en la que fueron encuestados más patronos que trabajadores”.
Posteriormente, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el proyecto del Gobierno sí promueve el trabajo formal.
“La reforma laboral promueve la contratación a término indefinido como regla general y el uso adecuado de los contratos a término fijo; establece unos límites razonables para la jornada laboral hasta las 7 de la noche, haciéndole caso a la dinámica de rotación de la tierra, que nos dice cuándo es el día y cuando es la noche; y que establece una remuneración adicional por los días festivos y dominicales”, explicó el funcionario.
Frente a los cuestionamientos que recaen sobre el articulado, aseveró que “al contrario de lo que dicen, que esta reforma promueve la informalidad, esta reforma trae medidas para formalizar a las madres comunitarias, a los trabajadores del PAE, a los trabajadores del servicio de transporte de pasajeros, a los periodistas, los deportistas, los trabajadores del arte y la cultura”.
Acerca de las críticas por la aparente inconstitucionalidad de la norma, dijo que “hay por lo menos 500 leyes ordinarias que reglamentan y desarrollan derechos fundamentales en la Constitución, incluso la anterior reforma laboral, la de Uribe, es una ley ordinaria y no estatutaria”.
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Y concluyó el ministro en su exposición ante la célula legislativa: “Claro que a los empresarios y al sector productivo hay que apoyarlos para que generen empleo, por supuesto, eso lo enseñó Keynes, y nosotros somos keynesianos del Siglo XXI, porque hay variables de cambio climático y un estado de bienestar del Siglo XXI, no con asistencialismo para disminuir la desigualdad generada por las políticas neoliberales”.
