Exregistradores y expertos explicaron en EL HERALDO lo que pasaría en el remoto caso de que se apruebe la consulta popular sobre las reformas laboral y a la salud que plantea el presidente Gustavo Petro ante el fracaso de sus iniciativas en el Congreso.
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El exregistrador Juan Carlos Galindo, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, señaló que “el Congreso tendría que recoger esas preguntas formuladas en la consulta, que ya serían vinculantes, y tramitarlas a través de una ley. De no hacerlo el Congreso, podría hacerlo ya el presidente de la República mediante un decreto ley”.
No obstante, advierte el ex jefe de la Organización Electoral: “Lo que veo es que en esas preguntas la formulación va a ser muy compleja porque por un lado tienen que cumplir con el criterio de la claridad y por el otro la posibilidad de que puedan ser respondidas por el sí o el no. Pero si se trata de una consulta habría que mirar cuántas preguntas van a formularle al pueblo porque será muy difícil en ese caso, a diferencia de lo que puede ser una iniciativa legislativa donde hay un articulado que se somete, aquí son preguntas y luego tendrían que ser incorporadas en la legislación”.
A su vez, Carlos Moreno León, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, precisó que “la ley establece que si la consulta es aprobada, es de obligatorio cumplimiento. Y si se requiere hacer una ley para cumplir los deseos de la ciudadanía, entonces el presidente tiene que presentar un proyecto ante el Congreso en la siguiente legislatura después de la aprobación, que sería más o menos la votación el 9 de agosto de 2025, asumiendo que hoy se mande al Senado la solicitud de la consulta”.
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Y advierte el catedrático: “Pero si el Congreso no aprueba esa ley avalada en la consulta, la Constitución faculta al presidente a expedir un decreto ley para hacer cumplimiento de esa decisión de la gente, entonces si la votación es el 9 de agosto de 2025, el Congreso tendría plazo de aprobar una ley en este sentido a más tardar en junio de 2026. El asunto como tal es que quedaría un mes y medio para expedir este decreto, pero el próximo gobierno podría implementar un nuevo proyecto de ley para transformar ese decreto”.
