Armando Benedetti, el nuevo ministro del Interior para la recta final del gobierno de Gustavo Petro, se apuntó esta semana en el Congreso de la República la primera victoria de su gestión: la aprobación de la reforma a la salud 2.0, una iniciativa que parecía enredarse cada semana más en lo que, a priori, era terreno fértil: la Cámara de Representantes, donde el oficialismo aún cuenta con mayorías para impulsar sus iniciativas.
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Sin embargo, más allá de lograr destrabar el camino del proyecto, la medalla que se colgaron Benedetti y Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, se pondrá a prueba verdaderamente en la temida Comisión Séptima del Senado de la República, donde ya naufragó la reforma el año pasado.
El Gobierno no la tiene fácil. La Comisión Séptima, que estudiará también la reforma laboral, cuenta con un sólido bloque de senadores que han hecho oposición especialmente a esta reforma; sin embargo, en las últimas semanas ha habido rumores sobre una supuesta reorganización del tablero político que beneficiaría a Petro.
En este sentido, EL HERALDO pudo conocer que, hasta ahora, Nadia Blel y Esperanza Andrade (reemplazó a José Marín), del Partido Conservador; Norma Hurtado, de la U; Honorio Miguel Henríquez Pineda y Josué Alirio Barrera Rodríguez, del Centro Democrático; Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libre; Miguel Ángel Pinto Hernández, del Partido Liberal; y Sor Berenice Bedoya Pérez, de la ASI, le darían la espalda al proyecto oficialista.
Por su parte, Martha Isabel Peralta Epieyú, Wilson Néber Arias Castillo y Ferney Silva, del Pacto Histórico; Edwing Fabián Díaz Plata, de la Alianza Verde; y Omar de Jesús Restrepo Correa, del Partido Comunes, votarían positivo.
Las dudas están en la postura que tendría Ana Paola Agudelo García, del partido MIRA. Si por alguna razón en la votación se registra un empate, la mesa directiva de la célula legislativa ordenará realizarla nuevamente.
“No respaldaré la reforma a la salud sin un aval fiscal riguroso y técnicamente sustentado por el Ministerio de Hacienda. Hasta la fecha no se ha demostrado su viabilidad financiera. Es imprescindible que el ministro de Hacienda esté presente para responder cada inquietud. La salud de 50 millones de colombianos exige responsabilidad y rigor, no improvisación”, manifestó Norma Hurtado, que rechazó los rumores que apuntaban a un supuesto cambio de opinión.
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Por su parte, la senadora Ríos consideró que el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes y que ahora será debatido nuevamente en la Comisión Séptima del Senado mantiene falencias estructurales.
“Otra vez la ausencia de un aval fiscal emitido por el Ministerio de Hacienda deja serias dudas sobre su viabilidad financiera y sobre la capacidad real del Estado para garantizar la prestación de los servicios de salud sin afectar la calidad ni la cobertura. Mi compromiso ha sido y seguirá siendo responsable con los pacientes y usuarios, tal como lo manifesté en mi cuenta de X una vez aprobada la reforma en cámara”, explicó.
Por su parte, el Partido Conservador, que es presidido por la cartagenera Nadia Blel, comunicó que mantendrá su decisión de votar negativo a la reforma a la salud.
“Nuestra postura está sustentada en argumentos técnicos y no políticos que advierten su inconveniencia. Hoy millones de pacientes sufren las consecuencias de las malas decisiones del Gobierno nacional con las intervenciones a las EPS y los cambios en el Fomag. Los colombianos necesitan que se garantice una atención digna en salud, que tenga como centro al paciente y sea sostenible fiscalmente”, indicaron.
Los reclamos no paran ahí. El ex ministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria ha denunciado que el Gobierno, en su afán de aprobar como sea la reforma, ha apelado nuevamente al clientelismo en el Congreso, una práctica que era repudiada por la izquierda antes de llegar al poder.
“La reforma a la salud —sin aval fiscal, disfuncional e inconveniente– ha sido desastrosa para el gobierno Petro. Destruyó la idea de un gabinete plural y degradó éticamente al Gobierno y al mismo presidente. Solo podrán aprobarla comprando al Congreso. Sin embargo, las reformas duraderas necesitan consensos y legitimidad. Esta no tiene ni lo uno ni lo otro. Pase lo que pase, ya fracasó”, advirtió.
“Por décadas, al menos desde los años cincuenta, el sistema político ha sido caracterizado por el clientelismo, por la gobernabilidad comprada, mediada por puestos y contratos. En abril de 2023, el gobierno de Gustavo Petro rompió las negociaciones programáticas con los partidos tradicionales y decidió hacer negociaciones uno a uno con los congresistas, una forma extrema de clientelismo”, agregó.
Renglón seguido, aseguró: “el cambio en este gobierno simplemente fue en la metodología de como se reparte la mermelada sin pudor, sin reatos, a la vista de todo el mundo”.
Rechazo de empresarios
En su más reciente informe, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su preocupación por los impactos negativos que podría tener este proyecto sobre el sistema de salud.
“La reforma propuesta no enfrenta de manera adecuada los problemas estructurales de financiamiento del sistema de salud. Además, una reforma que amplía obligaciones a cargo del Estado sin garantizar fuentes claras solo profundizará el desbalance económico del sector. Finalmente, nuestros análisis sobre el impacto fiscal de la reforma evidencian que su implementación generará una carga insostenible para las finanzas públicas”, advirtieron.
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Además, consideraron que la reforma deja un déficit de $141.4 billones en los próximos 10 años y no de $21.8 billones, como pronosticó el Ministerio de Hacienda.
Voz del Ejecutivo
El Gobierno explicó que el texto que pasa a su tercer debate define nuevas funciones para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres; avala la transmisión directa de recursos a las instituciones que prestan servicios de mediana y alta complejidad; elimina los intermediarios del sistema y redefine el rol de las EPS que ahora pasarán a ser gestoras de salud y vida.
A su vez, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó: “Estamos construyendo un sistema de salud con dignidad, sin barreras económicas, sociales, administrativas y geográficas, asegurando que nadie se quede atrás y que todos tengan acceso a servicios de salud adecuados a sus necesidades”.
Entre los cambios aprobados, mencionó, se destacan el fortalecimiento de la atención primaria, “asegurando que los ciudadanos puedan acceder a servicios de salud cercanos y oportunos. Para tal cometido, se garantizará la financiación necesaria para los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que funcionarán como la puerta de entrada al sistema de salud, facilitando el acceso a la población. Asimismo, se han establecido mecanismos para mejorar la administración de los recursos públicos, centralizando su gestión y asegurando un uso más transparente y eficiente. Esto permitirá una distribución equitativa que priorice las necesidades de las regiones más apartadas del país y fortalezca la red pública hospitalaria, garantizando su sostenibilidad y operatividad”.
Cabe recordar que la cámara baja aprobó la proposición para eliminar el artículo 42 del proyecto de ley, quitando el elemento de meritocracia de la iniciativa y dejando en manos de alcaldes y gobernadores la designación de gerentes de hospitales y clínicas públicas y directores de instituciones de salud del Estado.
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“Esta sí es la tapa. La Cámara eliminó la meritocracia para directivos de hospitales. Hay que reconocer deficiencias en el sistema de la Ley 100: robos (que ahí siguen), insuficiente prevención y abandono de la Colombia lejana. Pero al menos se le había puesto fin a ese esquema aberrante en el que los políticos se disputaban a dentelladas las nóminas de la salud. Se ve la mano del ministro Jaramillo”, cuestionó el exsenador Humberto De la Calle.
