¡Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato! La forma atrabiliaria y abusiva como se comporta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) bajo el mando de Cielo Rusinque, la funcionaria más incondicional que tiene Gustavo Petro, atenta contra principios universales y fundamentales de todo ser humano, como es el derecho a la intimidad y al buen nombre. ¿Qué tiene que ver una inspección sobre presuntas violaciones del régimen de libre competencia con el decomiso de teléfonos celulares privados de funcionarios y directivos de empresas vigiladas por la SIC, como acaba de suceder con los dispositivos de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas?
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Amparada en normas legales –que deberían ser revisadas cuanto antes por el Congreso de la República, con el fin de modificar la ley que se presta para tantos desafueros– la SIC allana empresas privadas y entidades del Estado, como la propia Registraduría Nacional, bajo el pretexto de averiguar si actúan con sujeción a la ley y la Constitución.
Lo que sucedió la semana pasada con Naturgas merece el rechazo no solo del sector productivo nacional, sino también de millones de colombianos defensores del libre mercado y promotores de la sana competencia. ¿Qué fue lo qué pasó?
Pasó que seis funcionarios de la SIC permanecieron varios días en la sede de Naturgas en Bogotá, realizando visitas de inspección, que tuvieron su origen en una serie de trinos escritos por el presidente Petro, quien considera que el incremento del precio del gas obedece a prácticas especulativas por parte de empresas del sector, entre ellas Vanti. La orden tuitera de Petro fue atendida y ejecutada de inmediato por Rusinque y sus funcionarios, quienes procedieron a inspeccionar la sede de Naturgas, gremio que agrupa 29 empresas dedicadas a la producción, exploración, transporte y distribución de gas natural en Colombia.
Aunque Rusinque pretendió justificar el comportamiento abusivo de la SIC, lo cierto es que la tal “inspección” no fue más que un vulgar allanamiento, que comprometió derechos y libertades individuales, tanto de directivos como de empleados, quienes fueron sometidos a todo tipo de abusos durante la mal llamada “inspección”.
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Un comportamiento similar por parte de la SIC ya había ocurrido en marzo del año pasado en la sede de la Registraduría Nacional. En aquella oportunidad la superintendencia consideró que la Registraduría podría tener participación en una presunta cartelización relacionada con la contratación de pasaportes con el consorcio Thomas Greg & Sons.
Aquel comportamiento violento de la SIC -como ahora con Naturgas- también estuvo precedido de trinos de Petro, sobre supuestas conductas ilegales de Thomas Greg & Sons.
El abuso flagrante de la SIC contra la Registraduría en el 2024 obligó a la Procuraduría General a intervenir y por cuenta de ello llamar a juicio disciplinario a 16 de sus funcionarios, entre ellos Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia.
¿Qué hacer ante los graves abusos de la SIC, no sólo contra el sector productivo, como empresas y gremios, sino contra entidades del Estado, como la Registraduría Nacional?
Los superintendentes no son el garrote de los presidentes de turno
Aunque los superintendentes son nombrados por los gobiernos, la razón de ser de su existencia son los ciudadanos, usuarios y consumidores. Los superintendentes no son el “garrote” del presidente de turno para perseguir a quienes consideren sus enemigos. No son –no pueden ser– instrumentos de venganza. No están para pasar cuentas de cobro, de quienes ocupan de forma temporal la Casa de Nariño. La SIC no está para cobrar deudas políticas de Petro. Punto. Por consiguiente no puede comportarse como una especie de “policía política”, cuya misión es hostigar, intimidar y presionar a quienes Petro considere enemigos.
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En un Estado Social de Derecho –y Colombia lo es– esas conductas reprobables y reprochables tienen sanción. Los tiempos de los tristemente célebres “agentes del terror”, de los años 50, que estaban al servicio de los gobiernos de turno, quedaron atrás, por fortuna. Y no volverán. ¿Cuál es el propósito de la SIC de mantener bajo custodia el celular privado y el computador de la presidenta de Naturgas? ¿Qué busca? ¿Qué pasa con el derecho a la intimidad? ¿Quién garantiza el buen uso de la información extraída de los dispositivos de forma abusiva y fraudulenta? ¿Tiene la SIC mandato constitucional para comportarse como policía judicial? ¿Tiene la SIC el propósito de coaccionar a una destacada y valiente dirigente gremial?
La SIC no puede darle al sector productivo tratamiento discriminatorio o abusivo
Todas las actuaciones gremiales -en especial la de sus dirigentes- están regidas por principios de legalidad y transparencia. No son delincuentes y deben ser tratados como personas de bien. Los delincuentes son otros, algunos de ellos están sentados en mesas de negociación con el gobierno de Petro. Para obtener información “relacionada con el mercado del gas”, como afirma la superintendente Rusinque, no es necesario extraer de forma abusiva la información de celulares privados de los dirigentes gremiales.
La información sobre el mercado del gas reposa en actas de juntas directivas, en memorandos de entendimiento entre gremios o voceros autorizados. No es secreta. Es información pública a disposición -¡por supuesto!- de autoridades competentes. La SIC no puede darle al gremio dedicado a la producción, exploración, transporte y distribución del gas natural, un tratamiento discriminatorio o abusivo. La malquerencia presidencial –producto de prejuicios ideológicos– no puede prestarse para atosigar al sector productivo.
¡Qué bueno que la Procuraduría meta en cintura a la SIC…!
En buena hora la Procuraduría General decidió llamar a juicio disciplinario a 16 funcionarios de la SIC, incluyendo al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, por hechos ocurrido en marzo del 2024. De esta forma el Ministerio Público respondió a la inédita decisión que en su momento tomó la SIC de levantar cargos a funcionarios de la Registraduría Nacional, quienes se negaron a suministrar información, alegando “extralimitación de competencias” y “persecución a un ente autónomo” en un contexto preelectoral. La SIC indagaba sobre una presunta cartelización en la contratación de pasaportes por parte de la empresa Thomas Greg & Sons.
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La negativa por parte de los funcionarios de la Registraduría fue interpretada por la SIC como un “desacato” y por ello imputó cargos en su contra. No obstante, al llamar a juicio disciplinario a los funcionarios de la SIC, la Procuraduría encontró “presuntas irregularidades y vulneraciones al debido proceso, al derecho a la intimidad, a la reserva judicial y aparente extralimitación en el ejercicio de funciones, así como abuso de poder y coacción hacia funcionarios”. Es decir, el Ministerio Publico dio la razón a quienes cuestionan la conducta violenta de la SIC. Es el mismo comportamiento abusivo denunciado en la “inspección” a la sede de Naturgas la semana pasada.
¿Hasta cuándo la hostilidad contra el sector productivo?
Ante la hostilidad avasallante de Petro contra el sector productivo nacional, no causó sorpresa la caída en un 1,7 por ciento de la industria en el 2024, con respecto al año anterior, según el Dane. Se veía venir, ante la falta de estímulos y el discurso agresivo en contra de quienes -en medio de múltiples dificultades nacionales e internacionales- generan empleos y mueven la economía. No es el gobierno nacional, engordando la nómina oficial con contratos escandalosos a bodegueros e influencers, quien sostiene la economía del país. La economía la sostienen las industrias y empresas, grandes, medianas y pequeñas, las mismas que Petro acosa y detesta.
En lo que tiene que ver con el incremento del precio del gas -por ejemplo- Naturgas, en cabeza de su presidenta Luz Stella Murgas, venía advirtiendo sobre un faltante de gas en el 2025 para atender la demanda nacional y la posibilidad de hacer importaciones. Lo que era –sin duda– una actuación responsable -advertir sobre los riesgos de un eventual desabastecimiento- fue interpretado por el gobierno como una presión indebida o algo peor: una conducta especulativa. Es apenas obvio que al importar gas, el producto incremente su precio, entre otras razones, por el transporte desde la planta regasificadora de Cartagena hasta el interior del país. El pecado de la presidenta de Naturgas -como el de todos los voceros del sector- fue advertir sobre lo que venía para el país en materia de precios del gas. A Petro -está visto- no le gusta que le digan la verdad.
