Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como el zar del contrabando y quien habría operado durante más de 30 años comprando policías, funcionarios de la DIAN y judiciales, así como políticos, para traficar el 80 % de las mercancías ilegales del país a través de los puertos de Buenaventura y el Caribe, generando ganancias anuales de unos $8 billones, tiene en problemas al presidente Gustavo Petro y a varios sectores poderosos del país.
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Actualmente está preso en Portugal, donde fue detenido luego de haber huido de Colombia a España a principios del año pasado cuando al parecer le filtraron información de que se iba a solicitar captura en su contra. Está pedido en extradición por las autoridades colombianas pero, al mismo tiempo, él está solicitando un asilo en el país europeo.
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El lío quizá más reciente y más sensible de Papá Pitufo es en el que está mencionado el presidente de la República y tiene que ver con que Marín le habría entregado en 2022 a Xavier Vendrell, ex asesor catalán de la campaña de Petro, $500 millones. Vendrell afirmó que los devolvió por disposición del hoy jefe de Estado, quien reconoció que al zar del contrabando se lo presentó en Bogotá en campaña su exasesor Daniel García, de la Alianza Verde, pero como un empresario del Sanandresito.
Armando Benedetti, jefe de despacho y ex asesor de la campaña, fue señalado en el consejo de ministros de hace un par de semanas por Augusto Rodríguez, director de la UNP, de tener relación con Vendrell y Papá Pitufo. Y Ramón Devesa, experto en ciberseguridad español y amigo de Vendrell, habría grabado el supuesto video de la devolución de los $500 millones, pero Rodríguez lo señaló de un supuesto chantaje a la campaña a cambio del video.
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Las pesquisas
La fiscal Luz Adriana Camargo ha dicho al respecto: “Cuando asumí la Fiscalía, existían dos líneas de investigación: una la adelantaba la Unidad Anticorrupción, era una investigación que encontré más adelantada; (…) en la otra investigación, sobre delitos fiscales, no se había proferido ninguna orden de captura pese a que era un proceso mucho más antiguo, de dos años”.
Dijo de la imputación proferida en enero pasado contra Marín que hay otras cinco personas judicializadas, entre ellos miembros de la Policía Fiscal Aduanera, Polfa. Y también hay participación de policías retirados y que se allanó una de la decena de propiedades de Papá Pitufo.
A su vez, el procurador Gregorio Eljach reportó que ya se ha iniciado la recopilación de información de los últimos 15 años por el escándalo y que se “iniciarán investigaciones contra funcionarios públicos vinculados”.
Entre tanto, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, hizo eco de una denuncia “acusando a un alto oficial de la Policía y a una persona que para ese entonces era senador. Los denunciantes en el expediente –miembros de la Polfa–, declararon bajo gravedad de juramento ante un fiscal, haber sido parte del negocio de contrabando en el Puerto de Barranquilla, pero sacados del mismo por las personas que acá denuncian”.
En respuesta, el ex presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, señaló en un comunicado que “desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia de la misma entidad se ha dado inicio a una campaña de desprestigio en mi contra”. E informó que no ha tenido relación alguna con Marín y “no he recibido nunca dineros provenientes de algún miembro de la Policía Nacional”.
Los dos procesos
El episodio confuso de los dos procesos en la Fiscalía contra Papá Pitufo involucra al fiscal 29 de Delitos Fiscales, Andrés Marín, quien tras dos años de investigación había solicitado en abril pasado órdenes de captura contra el zar del contrabando y el mayor de la Polfa de Cartagena, Peter Steven Nocua Henao –quien al parecer era infiltrado pero de la fiscal Anticorrupción, Paola Londoño- y seis civiles y uniformados más. Esto en la Fiscalía de Francisco Barbosa y posteriormente de la vicefiscal Martha Mancera.
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Al respecto, el fiscal Barbosa contó a EL HERALDO: “En mi administración como fiscal general se inició en octubre 2023 una nueva investigación en contra de Papá Pitufo porque la que se adelantaba en una de las Fiscalías desde años atrás no tenía avance ni interés de judicializar a los responsables. En menos de cuatro meses la Policía y los fiscales especializados lograron consolidar resultados concretos”.
Añadió Barbosa Delgado que el 15 de marzo de 2024, cuando se desempeñaba como fiscal general (e) Mancera, se judicializaron a varios miembros de la estructura criminal en Buenaventura, que contaba con funcionarios y particulares, “entre ellos Ricardo Orozco Baeza, alias Bendecido. En ese ámbito se obtuvo la orden captura de Diego Marín, el cual fue capturado en días posteriores en España”.
Así las cosas, en abril pasado, la fiscal Londoño, quien llevaba tres meses con el expediente, detuvo el proceso del fiscal Marín –por orden de la fiscal general- tras la judicialización un mes antes contra El Bendecido; el coronel (r) Alexánder Galeano, el mayor Mario Andrés Sarmiento; José Helí Álzate, alias Alejo, y Juan Francisco Solano, alias Millos, quienes cumplen medidas de aseguramiento.
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El caso venía en realidad desde 2016 en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, pero al parecer por falta de evidencias los fiscales a cargo cerraron el caso. E incluso se conoció que se le habían hecho interceptaciones a Papá Pitufo desde 2011.
Y en 2020 se iba a llevar a cabo la Operación Dorado, con la que el ex director de la Polfa, el general (r) Juan Carlos Buitrago, quiso capturarlo, pero esa diligencia también se frustró, porque supuestamente un expresidente pidió su cabeza y fue retirado del cargo.
De ahí el caso pasó al fiscal Marín, quien documentó que entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, el zar del contrabando habría entregado más de mil millones de pesos en sobornos a funcionarios de la Polfa.
Luego, Petro, una vez estalló el escándalo de Papá Pitufo, pidió en abril pasado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la captura de Marín, quien fue detenido pero en un periodo de libertad condicional se fugó a Portugal, donde finalmente fue recapturado en diciembre pasado.
Finalmente, el pasado 31 de enero, la fiscal 5 Contra las Organizaciones Criminales imputó a Papá Pitufo los delitos de cohecho para dar u ofrecer y concierto para delinquir, narrando que el 1 de septiembre de 2023 el zar del contrabando presuntamente hizo un pago de $8 millones a través del mayor Mario Andrés Sarmiento, secretario privado del director de la Polfa en ese momento.
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“Graves implicaciones”
Frente a las implicaciones de todo este caso, la directora de la especialización en gobierno y gestión pública territoriales de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz, dijo a EL HERALDO que este escándalo “es un elemento que se suma a todos los otros asociados a situaciones que parecen no tan claras en el ejercicio de recursos que hubiesen podido ingresar a la campaña del presidente y que tienen que ser investigados. Es un hecho que por supuesto hemos visto que tiene relación con algunas de las personas que estuvieron cerca de la campaña del Ejecutivo y que toca por supuesto a Armando Benedetti, quien hoy se convierte en una pieza importante dentro del ejercicio de gobierno”.
Y añadió que “es un hecho que fractura aún más las relaciones al interior de su gabinete y las relaciones con personas de confianza como el director de la UNP”.
Así mismo, el analista político Carlos Arias, catedrático de la Universidad Externado, mencionó en este diario que las implicaciones del escándalo de Papá Pitufo son verdaderamente graves, “y no solamente por lo que aparentemente pudo haber sucedido con los dineros ingresados a la campaña por intermedio de un extranjero que rápidamente se nacionalizó como colombiano sino porque independientemente de si esto es verdad o no, confirma que la política colombiana sigue siendo infiltrada por dineros de dudosa procedencia”.
“Ahora bien, en el caso de llegar a ser verdad, claramente podría declararse que el gobierno de Gustavo Petro, además de ser muy malo, es ilegítimo, porque su financiación volvió a cometer los mismos pecados”, concluyó.
“Fue informante de la DEA”, narró el general (r) Juan Carlos Buitrago
El general (r) Juan Carlos Buitrago, ex director de la Polfa, contó en EL HERALDO que “en diciembre de 2019 estábamos en la cúspide de investigaciones altamente sensibles y comenzamos a obtener información precisa de que las mafias habían movido toda su capacidad para contrarrestar el daño que les habíamos causado, y esa movida consistió en influenciar la decisión del gobierno de relevarme de la Dirección de la Polfa”. Frente a lo que descubrieron sobre ‘Papá Pitufo’ indicó que giraba altas sumas de dinero “para construir toda una telaraña de corrupción” que “contemplaba una maquinaria de comunicación a su favor y de desprestigio de oficiales claves como ocurrió en mi caso, atentados, amenazas, compra de funcionarios claves en las aduanas, Policía, justicia y puertos, e incidencia en las más altas esferas políticas de decisión, Congreso y Gobierno”.
Expuso además que Marín alcanzó a convertirse a través de firmas fachadas “en el primer importador de textiles y confecciones al país, además del contrabando de cigarrillos y licores. Fue informante de la DEA y organizaba bacanales, tours y viajes en yates y aviones en el Caribe y Europa”. Pero aclaró: “Lo que no creo como se ha dicho públicamente es que tenía comprada a la Junta de Generales. (...) Esperemos que caiga la Junta Nacional del Contrabando integrada por políticos, empresarios y criminales”.
