Casi que desde el siguiente año de haber asumido el poder, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que se trama un golpe de Estado en su contra desde distintas instituciones, sectores políticos y hasta grupos criminales: en 2024 el más reciente pronunciamiento fue alrededor del expediente que revisa el Consejo Nacional Electoral, CNE, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.
Ante la opinión pública, que reacciona una parte rechazando las manifestaciones del mandatario al considerarlas exageradas y la otra que lo respalda con marchas y mensajes en las redes sociales, se tienen al menos unas siete ocasiones en las que el jefe de Estado ha recurrido a sugerir que hay un golpe blando en su contra.
La primera importante se produjo en mayo de 2023, cuando en respuesta a críticas a su gobierno, publicó en un mensaje en X (antes Twitter): “¿Por qué conspiran para un golpe de Estado? Porque les aterroriza que acabemos la impunidad. (...) La corrupción enorme en el Estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”.
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Pero este año Petro ha instalado esa narrativa de manera constante.
En febrero de 2024, el presidente de la República, tras presentar la terna para la Fiscalía, aseveró: “El simple hecho de presentar una terna de mujeres decentes al cargo de fiscal general de la Nación ha ocasionado un terremoto político (...), ha hecho pensar en algunos, muy poderosos, en un golpe de Estado”.
El expediente del CNE
Luego, en mayo de este año, ya sobre el asunto del CNE, el primer mandatario dijo: “Se llama golpe de Estado y se burla del voto popular. Es la hora del pueblo”.
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El 14 de septiembre pasado, el jefe de Estado reincidió en sus pronunciamientos ante la investigación de la corporación electoral: “Todavía andan directores de medios preguntándose dónde están las pruebas del golpe de Estado que comienza el lunes”, escribió primero, para luego completar: “En la OEA, en la CIDH, en la ONU, en el Consejo de Seguridad, deben sonar las voces contra el golpe de Estado en Colombia”.
En octubre pasado, luego del anuncio de la investigación formal del CNE, Petro Urrego sentenció: “Ha comenzado el golpe de Estado”.
Y a mediados de este mes de diciembre, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, le exigió mesura a Petro tras los señalamientos que este hiciera alrededor del supuesto golpe de Estado, esta vez, parlamentario, que según el mandatario se estaría ambientando desde el Capitolio luego de que el Consejo de Estado dejara en firme la investigación del CNE, y en medio de además del naufragio de la polémica reforma política en la plenaria del Senado.
“Presidente, si hay un colombiano demócrata que jamás impulsaría un golpe de Estado o cualquier vía de hecho soy yo”, le advirtió el jefe del Legislativo a Petro.
Esto en respuesta al ‘trino’ del mandatario horas antes frente al fracaso de la reforma política: “Si quieres ser presidente, no lo busques a traves del golpe de Estado”.
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El jefe de Estado, así mismo, se había estado refiriendo al supuesto golpe de Estado en relación con el fallo de la máxima corte de lo contencioso administrativo: “El año entrante tendremos el golpe parlamentario. (...) Toda decisión será respetada menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”.
Las dos miradas
Ante este discurso suele haber dos miradas en la opinión pública: una es que busca Petro movilizar a su base política para obtener respaldo ante un Congreso difícil para su propuesta legislativa e incluso para ir consolidando un caballito de batalla hacia las elecciones de 2026, presentándose él, a su proyecto político y a la izquierda como víctima de los otros poderes públicos del país y la política tradicional colombiana.
Y la otra advierte que se trata de manifestaciones desmesuradas del mandatario que buscan deslegitimar las críticas sobre su gestión y las pesquisas y controles que sobre su gobierno ejercen por mandato constitucional las cortes, el Legislativo y otras entidades públicas.
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De hecho, durante su alcaldía en Bogotá, ante la destitución por parte del exprocurador Alejandro Ordóñez por el lío de las basuras, Petro, entonces mandatario distrital, acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y este le dio la razón en que el ente de control disciplinario no tenía la potestad para quitar derechos políticos a funcionarios elegidos por voto popular.
Y aunque luego sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han puesto en veremos esta teoría, el entonces alcalde, luego senador y hoy presidente se ha montado en esta ola para sugerir que hay poderes que lo han querido apartar de sus cargos democráticos.
“Es cierto que hay sectores que pretenden que la presidencia de Petro sea inviable y que no termine su mandato, (...) pero es una irresponsabilidad que se llame a la revolución argumentando un golpe de Estado”, aseguró Rodrigo Uprimny, de Dejusticia.
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En este sentido, agregó que “su destitución requiere un proceso larguísimo” que es además “improbable” y requiere “una mayoría muy fuerte”.
