Un grupo de congresistas presentó este lunes una proposición para archivar la reforma política, iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, en el Senado de la República.
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La iniciativa oficialista, que fue agendada en el punto 10 del orden del día, deberá ser discutida este lunes 16 de diciembre o se hundirá en el Congreso.
“Con este proyecto de reforma política se están modificando aspectos y disposiciones constitucionales cruciales como, por ejemplo, lo atinente a las organizaciones políticas, las cuales quedarán conformadas únicamente por los movimientos políticos y partidos políticos, desapareciendo de la norma a los grupos significativos de ciudadanos como organización política individual”, consideró el senador Jota P Hernández.
La Misión de Observación Electoral, MOE, había advertido en un comunicado que los cambios que ha venido sufriendo el proyecto son nocivos para el sistema democrático.
“Tras su discusión en la Comisión Primera del Senado, el proyecto pierde el enfoque original presentado por el Gobierno Nacional, que buscaba abordar reformas estructurales como la adquisición de la personería jurídica con base en afiliados, el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y la transparencia en la financiación de las campañas políticas”, se lee.
Frente a la adquisición de la personería jurídica y la democracia interna de las organizaciones políticas, la propuesta inicial planteaba la necesidad de que los partidos y movimientos políticos tuvieran, con base en sus afiliados, procesos de democracia interna para la toma de sus decisiones, y en especial en la selección de sus candidaturas. Para el caso de los movimientos políticos, estos podrían acceder a la personería jurídica si cumplían con un número mínimo de militantes. No obstante, en el proyecto que será debatido en la plenaria del Senado se elimina por completo esta propuesta inicial, manteniéndose el régimen actual en el que la personería jurídica se adquiere por votación en el Congreso y los afiliados no son parte activa en la toma de decisiones, advierte la organización.
“Uno de los mayores retrocesos de la reforma es la inclusión del transfuguismo como regla. De acuerdo con la propuesta a ser debatida, se permite a los miembros de corporaciones públicas cambiar de partido una vez por cuatrienio, cuatro meses antes de las elecciones, sin tener que renunciar a su cargo. Para Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, esta propuesta debilita a los partidos políticos, debido a que la curul pasa de representar la postura de la organización política, a pertenecer a la persona que fue elegida. De otra parte, esto podría generar desconfianza en la ciudadanía al encontrar falta de consistencia en el sistema político cuando ve a sus representantes pasar de una organización a otra”, indica el documento.
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En torno a las coaliciones, pone de presente la MOE, esta figura fue creada con el objetivo de que las minorías pudieran mantener la representación política. En la propuesta a ser debatida se elimina el límite actual que tienen las organizaciones políticas para coaligarse en corporaciones públicas, el cual es no sumar entre ellas más del 15 % de la votación valida en la última elección, lo que permitiría este tipo de alianzas sin importar el porcentaje de votos obtenidos. Al respecto, la Misión de Observación Electoral llama la atención frente a las dificultades e incertidumbres que generan actualmente las coaliciones, debido a su falta de reglamentación en aspectos como obligaciones y derechos, doble militancia, comportamiento en bancadas, y responsabilidad política.
Por último, advierte la entidad, “el proyecto prevé el acceso a la financiación del funcionamiento únicamente a las organizaciones políticas que alcanzan el 3 % de la votación en el Congreso de la República, lo que excluye a los partidos con personería jurídica que surgen de las circunscripciones especiales afro e indígenas. De otra parte, la iniciativa no adopta medidas claras y suficientes para la vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas”.
Sobre este punto Muñoz señaló que “es esencial fortalecer las capacidades de la Autoridad Electoral para identificar y sancionar el ingreso de recursos prohibidos a las campañas políticas, así como la violación de los topes de gastos”.
