La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció este viernes sobre la caída de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso tras ser archivado el proyecto por las cuatro comisiones económicas del país.
Relacionado: El discurso apocalíptico del Gobierno tras la caída de la reforma tributaria
A través de un comunicado, el ente de control instó al Gobierno nacional “a redoblar esfuerzos para garantizar el uso efectivo de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales”, ante el naufragio de la tributaria.
Además, advirtió que los bajos niveles de recaudo y baja ejecución del Presupuesto General de la Nación imponen ajustes fiscales significativos, por lo que destacó la importancia de “ejecutar de manera eficiente el presupuesto público como motor para fortalecer la economía y generar beneficios tangibles para la sociedad”.
Lea también: Exceso de gasto, una de las razones detrás del naufragio de la tributaria
“La programación y ejecución del presupuesto de la vigencia de 2024 ha estado marcada, desde su inicio, por una serie de sobresaltos que iniciaron con la expedición del decreto de liquidación del presupuesto sin los requisitos legales, continuando a lo largo del año con apremiantes necesidades de recursos para su financiamiento, lo que conllevó a congelar recursos por $36 billones”, recordó la Contraloría.
Sobre el comportamiento de los ingresos, según datos de Sistema Integrado de Información Financiera a corte de noviembre de 2024, indicó que se ha registrado un recaudo total neto por $369,74 billones, inferior en 0,3 % al presentado en el mismo periodo de 2023.
Lea además: Al Ejecutivo se le empieza a enredar la reforma política
“Sin embargo, por concepto de ingresos tributarios sólo se han recaudado $227,41 billones, representando el 72% del aforo vigente por $315,86 billones”, sostuvo.
La Contraloría explicó que este “comportamiento poco favorable de los ingresos tributarios” se debe principalmente a la reducción del 18 % (frente al mismo período de 2023) en el impuesto de renta y una caída de los impuestos externos de $2,29 billones.
Los riesgos de la baja ejecución presupuestal
La Contraloría General de la República expresó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto 2024. “Con corte a noviembre alcanza solo el 71,1%, siendo la más baja de los últimos cinco años y similar a la de 2020 durante la pandemia”, alertó.
Aunque resaltó el cumplimiento de “compromisos importantes” como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y gastos de funcionamiento ($233,67 billones), advirtió que en inversión “apenas se han ejecutado $44,83 billones de los $100,06 billones asignados, reflejando un rezago significativo en este rubro clave”.
De interés: “Pusieron a un hijo mío en un dizque escándalo; a Urrá se la están robando es ahora y desde antes”: Petro
En ese sentido, señaló que uno de los riesgos de esta baja ejecución es que “podría llevar a que muchos recursos no sean utilizados al final del año”.
“Según las cifras disponibles a noviembre, las pérdidas de apropiación podrían alcanzar los $96,87 billones ($503.4 billones de presupuesto menos $406,7 billones de compromisos), lo que representa recursos que no se usarían para los programas y proyectos planeados”, añadió.
También indicó que existe el riesgo de que las reservas presupuestales no utilizadas sean muy altas si la ejecución sigue al ritmo actual. “Estas reservas podrían llegar a $33,61 billones, lo que refleja una baja capacidad del Estado para comprometer y ejecutar los recursos de manera eficiente”, sostuvo.
Ante este panorama, la Contraloría General hizo un llamado para que al cierre de la vigencia 2024 el Gobierno nacional ejecute el presupuesto “basado en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios, evitando un uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias”.
Lea también: “Yo veré si voy o no voy”: presidente Petro sobre invitación a la posesión de Nicolás Maduro
Asimismo, afirmó que como no se prevé un cambio significativo en la tendencia del recaudo tributario, el Gobierno podría verse obligado a recurrir a recursos de crédito o a implementar recortes adicionales en el presupuesto de gastos, ante las presiones de liquidez.
“La Contraloría General de la República recomendó a las entidades responsables acelerar la ejecución de los recursos presupuestales, especialmente en inversión, y evitar rezagos que limiten el desarrollo de programas clave”, concluyó.